El intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas, padre del polémico senador Hernán Rivas, enfrenta una serie de denuncias por lesión de confianza, asociación criminal y estafa, siendo la primera causa la que sigue avanzando en la Fiscalía, aunque aún sin imputación.
En cambio, sus denunciantes, que hablan de un daño patrimonial de más de G. 2.000 millones, están procesados por difamación y calumnia.
En medio de esta situación, el jefe comunal impulsa su reelección con Honor Colorado. Coincidentemente ambos fueron salvados en el Congreso, el padre logró evitar la intervención a su administración en dos ocasiones en la Cámara de Diputados, en tanto que el hijo fue sostenido por el cartismo tras el pedido de destitución por el caso de título falso.
En el 2023, un grupo de concejales denunciaron a Hernán Ysidro Rivas por apropiación y lesión de confianza tras rechazar su rendición de cuentas del 2022. Argumentaron que si bien figuraban obras a cargo de dos empresas privadas, al corroborar con los hechos reales, encontraron situaciones “totalmente simuladas y contrarias al informe presentado”.
En el documento aparecían obras y servicios por un total de G. 1.333 millones, a cargo de la empresa Marcio de Andrade, sin embargo, se constató que “en realidad los trabajos fueron realizados por el Departamento de Obras Públicas municipal, en algunos casos con combustibles proveídos por los vecinos”, según menciona la denuncia de varios concejales, quienes además encontraron indicios de uso de camiones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
También mencionan mantenimientos de caminos vecinales por G. 684 millones a una empresa cuando supuestamente las tareas las realizó en realidad la propia Comuna. La denuncia fue ampliada con casos de inconsistencias en el uso de combustible de la flota municipal, citando una diferencia de 3.261 litros.
Los concejales describieron cómo se utilizaron los recursos destinados al Consejo de Desarrollo Distrital (CDD), presidido por Rivas, para ejecutar proyectos como la excavación de estanques por G. 150.000.000, los cuales, según testimonios de los beneficiarios, también fueron realizados con maquinaria municipal y no por la empresa adjudicada.
Similares situaciones ocurrieron con perfilados y reparación de caminos, así como un puente de hormigón y supuesto desvío de fondos para salud y obras viales. En algunos casos, incluso fueron los vecinos quienes donaron insumos que luego aparecieron como gastos de la empresa adjudicada.
El caso de estafa y asociación criminal tiene que ver con el funcionamiento del Consejo Distrital, que administraba fondos, teniendo en cuenta que el 60% de sus miembros son funcionarios municipales, incluyendo un concejal.
denunciantes. Varios concejales denunciaron los hechos, entre ellos el presidente de la Junta Municipal, Edgar González. Presentaron decenas de documentos respaldatorios y al menos siete testimonios de vecinos.
Para González, prácticamente “no corre nada” en la Fiscalía, teniendo en cuenta que hasta ahora no hay imputación. Lamentó que, en cambio, ve que sigue avanzando la querella que Rivas presentó contra él y contra el edil Concepción Martínez.
“Por denunciar la corrupción, somos perseguidos por Hernán Rivas, y usan la justicia como garrote político para callar a la gente que no comparte con su ideología que es tocar la plata del pueblo”, expresó.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas también hizo una investigación tras la denuncia y mediante la Resolución N° 2740/24 declaró la inobservancia total y absoluta de los procedimientos de contratación previstos en la Ley N° 2051/03, teniendo en cuenta que varios procesos de licitación no fueron comunicados a la DNCP, impidiendo su transparencia.
Fiscalía. A cargo de la investigación por lesión de confianza están los fiscales Néstor Coronel, Verónica Valdez y Luz Guerrero, quienes tomaron declaración de los denunciantes en mayo del año pasado.
Al respecto, Guerrero comentó que la investigación sigue avanzando. El año pasado se allanó la Municipalidad para acceder a documentaciones originales y se tomaron declaraciones de testigos. Asimismo, siguen recibiendo respuestas a los pedidos de informes que enviaron a instituciones públicas, entre ellas la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Consultada por qué hasta el momento no fue imputado, respondió: “Porque estamos colectando información, una imputación no puede ser a la ligera, porque es la atribución de un hecho a una persona y la certeza de la comisión de un hecho punible, la modificación del caudal fáctico de la imputación, puede acarrear nulidad, por eso somos cuidadosos en recabar lo que realmente ocurrió y cómo ocurrió”.
Otros casos de Itapúa. El caso del intendente de Jesús de Tavarengüe, Víctor Garay, es uno de los más escandalosos, ya que a puertas de un juicio oral previsto para abril, hace campaña por su reelección también de la mano de Honor Colorado.
El jefe comunal fue imputado por lesión de confianza en abril de 2024 y acusado en marzo del año pasado, en tanto que la Corte Suprema de Justicia resolvió elevar a juicio oral previsto para el 6 de abril próximo.
Durante los primeros meses de investigación, Garay fue apartado del cargo y, en su reemplazo, la Justicia Electoral nombró a la presidenta de la Junta Municipal, Idilia Beatriz Peralta Schlender (ANR), mientras que la Junta Municipal eligió a la concejala Sulema Beatriz Schlender Almirón (ANR) para que tomara la titularidad de la Intendencia.
Luego de la incertidumbre de quién ejercería el cargo, Víctor Garay recurrió a medidas cautelares que no solo le permitieron recuperar la conducción de la Comuna, sino que también sigue haciendo campaña.
Por su parte, Carlos Benítez, de San Rafael del Paraná, enfrenta una denuncia por lesión de confianza patrocinada por el abogado Lilio Sotelo Cantero, quien solicitó una urgente investigación tras el rechazo del informe de gestión del 2024 por una minoría de concejales. El documento menciona que el jefe comunal se ausenta de manera persistente y solicita a la Fiscalía el allanamiento de la Comuna.
