La diputada Kattya González y el liberal Édgar Acosta remitieron este lunes una nota al director paraguayo de la Itaipú, Manuel María Cáceres, en la que piden informes amparados en la Ley de Acceso a la Información Pública.
A través del documento, los legisladores solicitaron a la Binacional la entrega de todos los antecedentes y documentos que respalden la contratación de los asesores jurídicos.
En comunicación con Monumental 1080 AM, la diputada Kattya González afirmó que en el caso de no recibir ninguna respuesta de la entidad en 15 días, se recurrirá a un amparo constitucional.
“Desde la Dirección Jurídica y Administrativa adjudicaron contratos de manera directa. No puede seguir siendo la billetera de los políticos”, expresó la parlamentaria.
Sobre el punto, explicó que la Itaipú Binacional solo puede recurrir a los contratos directos cuando exista una situación catastrófica. “Es muy grave lo que está pasando; prácticamente esto es malversación de fondos y deben estar presos”, sostuvo.
González indicó que con este tipo de contratos directos lo mínimo que se da es un escenario “anómalo”. En ese sentido, afirmó que tanto la Dirección Jurídica de Itaipú como la Dirección Financiera, a cargo de Magnolia Mendoza, esposa del senador Silvio Ovelar, y Fabián Domínguez, respectivamente, violaron las normas generales de Contrataciones.
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“Manuel María Cáceres (director de la Binacional) debe explicar lo que está pasando (…). Itaipú no puede seguir siendo el botín político de turno. Con este dinero ellos hacen su colchón para comprar elecciones”, aseguró.
Kattya González señaló que no se recurrirá a un pedido de informe mediante la Cámara de Diputados, debido a que este podría ser rechazado por una mayoría coyuntural.
El pedido de informe se da tras la publicación de Última Hora en la que se revela que la Dirección Jurídica de la Itaipú aprobó la contratación de empresas externas para asesoramientos que suman más de USD 400.000. Los acuerdos se apuran en medio del internismo y malestar oficialista.
Polémicos contratos
Uno de los contratos que están causando malestar se dio mediante resolución con fecha de 1 de diciembre para la contratación de la empresa Geolegal, estudio jurídico ambiental sociedad simple.
Se procedió a la contratación directa de la firma para el asesoramiento jurídico en el ámbito ambiental, laboral, penal, civil y comercial por la suma de G. 1.440 millones, monto equivalente a USD 208.445.
Además incluye acompañamiento de proyectos de evaluación de impacto ambiental, emisión de dictámenes y opiniones jurídicas a pedido de las autoridades de la entidad, margen derecha.
En otra resolución de noviembre también se autorizó la contratación directa para asesoramiento a la Dirección Jurídica del Estudio Jurídico Ramírez Maldonado Abogados y Asociados por valor de G. 1.416 millones, alrededor de USD 204.000.
La resolución indica que es atribución del director financiero, Fabián Domínguez; del director financiero ejecutivo, Anatalicio Risden Junior, y de la esposa de Ovelar, directora jurídica, concretar dichas contrataciones directas.
Magnolia Mendoza ocupa uno de los cargos ejecutivos más altos en Itaipú y se posicionó luego de la victoria de Mario Abdo, en el 2018. En la Dirección Jurídica la esposa del senador Ovelar percibe un salario de G. 105 millones.
