El proyecto original de ley de Alianza Público Privada (APP) fue presentado al Congreso en noviembre del 2012 por el entonces ministro de Obras Públicas, Enrique Salyn Buzarquis, sin embargo, a pesar de intensas campañas acerca de la necesidad de contar con apoyo del sector privado para inversiones de infraestructura pública, no prosperó.
Recién con el nuevo periodo presidencial, el proyecto reflotó pero con las sugerencias de modificaciones del mandatario Horacio Cartes con ayuda de su equipo económico, que incluye la ampliación del proyecto a bienes y servicios.
Uno de los puntos más polémicos de la APP, es que otorga al Ejecutivo la potestad de autorizar inversiones sin la aplicación de la ley de Contrataciones Públicas ni la intervención del Poder Legislativo, al cual solo debería remitirse informes acerca de los proyectos autorizados.
Mientras los sindicalistas, centrales obreras, organizaciones campesinas y estudiantes secundarios cuestionan el artículo 52, que además de proyectos de infraestructura pública, incluye salud, educación; generación, distribución y transmisión de energía eléctrica y otros recursos naturales.
Los manifestantes indican que de esta forma el poder se concentraría solo en el Ejecutivo, atentando así contra la democracia, a esto se suma que se trataría de una privatización de entes estatales, aunque el presidente Cartes aseguró que no es esa la esencia del proyecto.
Teniendo en cuenta que el proyecto contempla la participación del sector privado en educación, los estudiantes temen que se repita la misma situación que Chile, donde acceder a la educación significa contraer grandes deudas.
El proyecto modificado y aprobado por el Senado cuenta con consentimiento de los colorados que conforma la mayoría de bancadas en la Cámara de Diputados. En principio el sector estaba dividido, pero se estima que luego de una reunión realizada esta mañana hayan consensuado la aprobación de las modificaciones.
El Directorio del PLRA sugirió a los diputados liberales acompañar el proyecto en la versión de Diputados. Además, los presidentes de Comités de Central presentaron una nota en donde advierten que declararán persona no grata y solicitarán la expulsión de aquel parlamentario que no respete la disposición del partido.
El documento original establece principalmente una regulación jurídica que facilita la realización de proyectos de inversiones en infraestructura pública.
