En sesión ordinaria de este martes, sobre tablas, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Que modifica y amplia el artículo 294 de la ley N° 1160/97, Código Penal Paraguayo”, referente a la liberación de presos.
La iniciativa legislativa propone un endurecimiento significativo de las penas para quienes faciliten o colaboren en la fuga de internos, especialmente, cuando se trate de funcionarios públicos o personal penitenciario.
Con el proyecto se establecen dos modificaciones principales: Elevar de tres a cinco años la pesa base para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno; y aumentar la pena para funcionarios públicos o personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándola de “hasta siete años” (según contempla la ley actual) a un rango de “cinco a 15 años” de privación de libertad.
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Con la modificación, el artículo 294, referente a la “liberación de presos”, quedó de la siguiente forma: “El que libera a un interno, le indujera a la fuga o le apoyara en ella será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. Será castigada también la tentativa”.
El apartado también tiene en cuenta cuando el autor: “Fuera un funcionario público o prestare servicio en la institución penitenciaria” y “estuviera especialmente obligado a evitar la evasión, se aplicará una pena privativa de libertad de cinco a 15 años”.
El proyectista, Yamil Esgaib, argumentó que la experiencia reciente demuestra que las fugas son, generalmente, con apoyo externo y muchas veces en connivencia con personal penitenciario, atraídos por organizaciones criminales que les alientan al tenerse en cuenta la baja penalización actual del delito.
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“La información de inteligencia penitenciaria es constante y coincidente en que las fugas de internos pertenecientes a grupos o bandas de organizaciones criminales violentas es propiciada desde el exterior, buscando la complicidad de los agentes penitenciarios”, señala la exposición de motivos.
Luego de la aprobación del proyecto, el documento fue remitido a la Cámara de Senadores, para dar seguimiento al trámite constitucional correspondiente.
