El diputado por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Édgar Acosta, recordó que en marzo del 2018 se había aprobado en general el proyecto de ley que busca excluir a los funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del cobro de multas a los contribuyentes.
Los legisladores habían acordado en aquel momento tratar en forma particular, que es el análisis de cada artículo del proyecto, en dos semanas. Sin embargo, ese estudio ya no se realizó hasta la fecha.
Acosta alegó que el tema debe ser debatido a profundidad, ya que con la ley vigente cada funcionario de la SET es beneficiado con un dinero proporcional al monto de la multa aplicada al contribuyente, ante cualquier falta administrativa. Dicha suma oscila entre el 100% y 300%, según el caso.
Nota relacionada: Senador reflota proyecto para eliminar cobro de multas
“Nosotros en el 2018 habíamos aprobado en general un proyecto presentado por el colega Eber Ovelar. Hay funcionarios de Tributación que llegaron a cobrar más del 400% del salario y eso es ilegal”, explicó el parlamentario en contacto con Monumental 1080 AM.
Además, mencionó que el dinero recaudado debe ser invertido en los diferentes ministerios del Estado.
“Los de Tributación ya tienen un salario diferenciado, no digo que es de primer mundo, pero deberían estar felices por el trabajo que hacen y que lo recaudado sea para el beneficio de todos”, subrayó el diputado liberal.
En otro momento de la entrevista, mencionó que habló con otros parlamentarios sobre el tema y dijo que “existe una reflexión bastante buena”, pero que dependen de las bancadas mayoritarias.
Lea más: Diputados aprueba excluir a la SET de cobro de multas a contribuyentes
La modificación de la normativa pretende excluir al funcionario como denunciante y, por ende, su participación en la repartija de lo obtenido de las multas. Al mismo tiempo, incorpora al denunciante particular con un derecho al cobro del 30% de los montos.
El tema nuevamente sale a luz luego de la publicación sobre la millonaria multa que la SET aplicaría a miembros de la familia González Daher, por evasión de impuestos. La polémica se originó por las altas comisiones con las que se beneficiarían los funcionarios.
