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Diputada pide que se reconsidere vacuna para paciente conectada a respirador

La diputada Kattya González solicitó al Ministerio de Salud Pública a través de una nota la reconsideración de no inmunizar contra el Covid-19 a una paciente conectada a un respirador artificial.

Laura Magdalena Varela Núñez, en representación de su hermana Liz Varela Núñez, promovió un amparo judicial para acceder a la vacuna contra el Covid-19. La mujer cuenta con una traqueotomía que no le permite hablar y está conectada a un respirador artificial.

La jueza María García de Zúñiga solicitó un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública y al médico forense de turno para tomar una decisión sobre la acción promovida y rechazó la medida cautelar de urgencia.

La cartera sanitaria contestó a la magistrada y solicitó el rechazo del amparo porque supuestamente no se daban las condiciones. La respuesta fue hecha a través de los abogados Alejandrino Ortiz y Omar Gustavo Valdez. Pidieron el rechazo de la garantía constitucional.

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La paciente Liz Varela, quien padece de una enfermedad poco común llamada Pompe, lamentó el sábado en su cuenta de Twitter que el Ministerio de Salud haya rechazado su pedido, a partir de lo cual su caso tomó estado público.

La diputada nacional por el Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González se solidarizó con la paciente a través de la misma red social ese día y se comprometió a solicitar la reconsideración de no inmunizarla contra el coronavirus.

La parlamentaria envió una nota dirigida al ministro de Salud, Julio Borba, haciendo la petición pertinente.

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La jueza María Fernanda García de Zúñiga esta semana resolverá el amparo judicial promovido luego de tener las respuestas del Ministerio de Salud y del médico forense, a quien le pidió dictaminar sobre la petición de poder recibir la vacuna anti-Covid.

La magistrada no rechazó el amparo, sino que dio trámite a la acción con el pedido de informes. Lo que sí rechazó fue la medida cautelar de urgencia, ya que con ello ya iba a resolver el fondo de la cuestión, con lo que la garantía constitucional dejaría de tener sentido.

García de Zúñiga pidió informe al Ministerio de Salud y solicitó el dictamen del médico forense, donde consultó sobre las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra la amparista, si ameritaba que recibiera la vacuna o no.

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