En su cuenta de Twitter, el legislador liberal Dionisio Amarilla publicó, este miércoles, el documento de la querella presentado ante el Poder Judicial. Se trata de una querella sobre calumnia y otros, contra el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano.
El político liberal tomó acciones judiciales después de verse involucrado en un supuesto caso de soborno al comunicador, quien lo investigó por la licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) a una empresa de seguridad.
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De acuerdo con la versión de Lezcano, este lunes recibió la visita de María Luz Peña, quien en su vehículo le acercó un sobre con la suma de G. 22 millones, supuestamente enviados por Óscar Chamorro, hijo del ex diputado José Chamorro y propietario de la firma SST Security.
El envío fue para que “se olvide de él” en las próximas publicaciones, aparentemente, porque eso afectaría la contratación de la empresa para prestar servicio a otras firmas. Todo fue grabado por el comunicador.
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Esta entrega se dio tras una reunión en la que habrían tomado parte Lezcano, Peña, Chamorro y el legislador liberal Dionisio Amarilla, donde supuestamente hablaron de la investigación periodística sobre la licitación para la provisión del servicio de seguridad de parte de SST al IPS.
Este miércoles, Amarilla negó por su parte estar involucrado en la entrega del sobre, alegó que la reunión en la que estuvo presente junto a Peña y el periodista no se habló de valores, ni de sobornos, ni de publicaciones, y tampoco de IPS.
El Ministerio Público inició el martes una investigación por el supuesto caso de soborno. Las fiscalas Josefina Aghemo y Sussy Riquelme se presentaron en las oficinas de ABC Color, ante la denuncia realizada por el periodista.
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Las agentes asignadas encontraron la suma de G. 40 millones en efectivo en la redacción del diario, informó la Fiscalía.
Incluso, el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el martes ordenó suspender la licitación para adjudicación del servicio de seguridad para los establecimientos del IPS, tanto sanitarios como administrativos, cuya decisión fue anunciada por titular del ente previsional, Armando Rodríguez.
