El ministro de Defensa, Óscar González, mencionó que inmediatamente el presidente Santiago Peña ordenó que se suspenda la venta de materiales de esta cantera, que son de uso comercial, por el peligro que representan.
Tras la intervención de Dimabel se pudo constatar que estos materiales, específicamente, 10.000 metros de cordones detonantes explosivos, fueron distribuidos a canteras no habilitadas, y para poder justificar el faltante, se recurrió a una “autodenuncia”; es decir, no se trató de un robo, sino de una venta irregular. También se descartó que hayan ido a parar al crimen organizado.
El director de Dimabel, Melanio Servín, explicó que luego de la denuncia, agentes de la institución fueron hasta el lugar y descubrieron que alrededor operaban canteras no habilitadas que confesaron haber recibido los productos. El caso ya está en manos del Ministerio Público.
Por su parte, Dimabel incautó los productos de la cantera, aplicó una multa de 180 jornales y se ordenó la suspensión de la licencia por seis meses.
El valor de los productos distribuidos irregularmente por esta cantera alcanza G. 110 millones. Dimabel es la única que puede habilitar su uso y el valor de su venta es de 50.000 el kilo, pero al revenderse irregularmente suma G. 450.000 el kilo.
El presidente Peña ordenó la suspensión de toda actividad comercial de estos productos en el país cuando se alertó del hecho y se creyó que se trataba de un robo. La medida se levantó el miércoles por la noche.
Servín indicó que hay más de 1.000 canteras habilitadas en el país que producen y se producen 4.000 kilos de explosivos al mes. En tanto que la ministra de Obras, Claudia Centurión, aclaró que esos números varían y que actualmente solo hay 152 canteras activas.
