La orden se dio luego de las publicaciones periodísticas en medios de comunicación y plataformas digitales referente al supuesto caso de desvío de indemnizaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que afectó a familias de escasos recursos tras la muerte de dos trabajadores.
El Consejo de Superintendencia dispuso la remisión de estos antecedentes a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia y a la Oficina de Quejas y Denuncias, con el fin de determinar la existencia o no de hechos que pudieran configurar faltas administrativas, y que, eventualmente, ameriten la aplicación de alguna medida disciplinaria.
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La funcionaria del Congreso Anadelia Acosta Armoa y su pareja, Ovidio Ramón Oviedo Brítez, devolvieron G. 600 millones en efectivo a las dos familias víctimas de apropiación en Caaguazú. Cada familia afectada recibió la suma de G.300 millones.
La ANDE concedió una indemnización de G. 400 millones cada uno para las familias de Antonio Acosta Contrera, de 53 años, y Marino Ramírez Casco, de 43 años, quienes sufrieron una descarga eléctrica al caerles encima un cable de baja tensión.
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Sin embargo, Juana Honorina Casco de Ramírez, madre de Marino, solo recibió G. 30 millones y a Calixto Acosta Contrera, hermano de Antonio, se le entregó solo G. 45 millones.
En el esquema de cobro se vieron involucrados una funcionaria del Congreso, de nombre Anadelia Acosta Armoa, vecina de Juana Honorina Casco de Ramírez, además del abogado Darío Aquiles Flores Mendoza, quien efectivizó los G. 800 millones en una sucursal del Banco Nacional de Fomento, en aparente complicidad con las autoridades del banco.
El abogado se acercó con un supuesto poder emanado por el escribano Mario León Caballero Adorno, quien aseguró que no tuvo participación y se tratan de documentos falsos.
No obstante, aunque el BNF solo estaba habilitado a entregar hasta G. 40 millones por operación, el gerente aprobó las dos operaciones de G. 400 millones cada una, pese a que los cheques eran intransferibles y debían ser las víctimas las que los efectivicen.
Por esta razón, la fiscala Norma Salinas imputó el martes a Anadelia Acosta Armoa, Darío Flores, Ovidio Ramón Oviedo y Juan Ramón Acosta por apropiación, estafa y lesión de confianza. Ovidio Ramón Oviedo es la pareja de la funcionaria y Juan Ramón Acosta, su padre.
La funcionaria y su pareja, sin embargo, llegaron a un acuerdo extrajudicial con las dos familias, entregándoles la suma de G. 300 millones a cada una en reparación del daño. El acuerdo se firmó el lunes último.
