A casi catorce años de la promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), el Gobierno continúa sin lograr mantener el déficit dentro del límite de 1,5% del producto interno bruto (PIB), establecido en la normativa.
Se trata de la Ley Nº 5098/2013, que fue promulgada en octubre de 2013, durante el gobierno de Horacio Cartes, luego de un acuerdo político con el Congreso.
Buscaba poner freno al crecimiento del gasto estatal, establecer reglas para el manejo de las finanzas públicas y evitar que el aumento de los gastos corrientes, principalmente de salarios, genere desbalances, ante varios años de problemas fiscales.
En ese sentido, a comienzos del año 2000, Paraguay había atravesado una de sus peores crisis, alcanzando un déficit de 4,6% del PIB, y el desfinanciamiento originó un nuevo conflicto entre 2002 y 2003, con una cesación de pagos parcial, conocido como “default selectivo”.
En ese entonces, el gobierno de Nicanor Duarte Frutos debió implementar reformas, entre ellas cambios tributarios, además de gestionar nuevos préstamos.
Para 2008, en un contexto de fuerte crecimiento económico, el Fisco se fue recuperando y registró un superávit de 2,5% del PIB, pero el problema volvió a instalarse en los años siguientes ante el crecimiento sostenido del gasto corriente.
Aunque se implementaron programas de retiro voluntario para intentar reducir la cantidad de funcionarios, las instituciones públicas continuaron incorporando personal y la presión salarial siguió aumentando.
Con todo esto, según los datos históricos, desde que entró en vigencia la LRF solamente en tres ejercicios el país consiguió cerrar sus cuentas dentro del tope fiscal.
En 2013, cuando se promulgó la normativa, el déficit fue de 1,9% del PIB, equivalente a G. 2,4 billones, ya por encima del nuevo límite. Según registros, esto respondía a que la administración de Cartes accedió con apenas USD 6 millones en caja frente a necesidades diarias estimadas en USD 15 millones.
Ante esto, el Ministerio de Hacienda tuvo que recurrir a préstamos de corto plazo del Banco Central y utilizar depósitos del Gobierno.
En 2014, el déficit aumentó todavía más y alcanzó 2,3%, con un saldo rojo de G. 3,13 billones. En 2015 se ubicó en 1,8% del PIB, equivalente a G. 2,6 billones, aunque con la nueva metodología de cálculo de las cuentas fiscales, el resultado era de 1,1%.
Hacienda había señalado en ese momento que los bonos soberanos representaban 1,3% del PIB y que, excluyendo dichos recursos, el déficit era menor.
Cumplimiento. La situación comenzó a corregirse en los años siguientes y ya en 2016, cuando el actual presidente Santiago Peña era ministro de Hacienda, el déficit se ubicó finalmente en el 1,5% del PIB, con un saldo negativo de G. 2,2 billones.
Para 2017, se volvió a cumplir la regla fiscal, con un déficit de 1,4% del PIB, equivalente a G. 2,3 billones, ante el fuerte crecimiento de la inversión pública, que aumentó 18,9% nominal y alcanzó un nivel récord de 3,2% del PIB, según explicaba el Ministerio de Hacienda.
En 2018 se registró nuevamente un resultado dentro del límite, con un déficit de 1,3% (G. 3,0 billones).
A partir de 2019, las cuentas públicas volvieron a deteriorarse, cerrando con un 2,8% del PIB o G. 6,7 billones.
En 2020, se cerró con un déficit de 6,2%, equivalente a G. 14,8 billones, convirtiéndose en la mayor pérdida de los últimos años. El Gobierno justificó el fuerte incremento por las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, que también había causado un salto significativo en la deuda pública.
Entre 2021 y 2022, el déficit comenzó a moderarse, pasando a 3,6% y 2,9%, respectivamente, pero volvió a dar un salto en el 2023, llegando a 4,1%. Con la llegada de Peña y la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno inició un plan de convergencia fiscal para reducir gradualmente el déficit y volver al límite de 1,5%.
Así, se redujo a 2,5% en 2024 y a 2,0% en 2025, pero el Gobierno se vio obligado a replantear ese cronograma, debido a la presión por las deudas acumuladas con proveedores que no habían sido contabilizadas previamente.
Con el nuevo escenario, el déficit fiscal ahora está proyectado en 3,2% del PIB para 2026 y en 3,9% para 2027, mientras que el retorno al límite de 1,5% quedó postergado hasta el 2028, al cierre de esta administración.
Para Borda, no se puede ser muy optimista con PGN 2027
Para el economista y ex ministro de Hacienda Dionisio Borda, aunque todavía es necesario conocer y analizar el proyecto en detalle, no se puede ser optimista respecto al próximo ejercicio fiscal 2027. Según expresó, existe preocupación ante las crecientes demandas sociales, ya que superan la capacidad de respuesta que actualmente tiene el Estado. “No creo que podamos ser demasiado optimistas. Las demandas sociales superan ampliamente la capacidad de respuesta del Gobierno. Al mismo tiempo, la proximidad de las elecciones municipales y las internas partidarias hará que la presión electoral marque cada vez más el rumbo de la administración, sometida a las prioridades del partido oficialista”, afirma. A criterio de Borda, el déficit fiscal de 3,2%, 3,9% y 1,5%, proyectados por el Gobierno para este 2026, para 2027 y 2028, respectivamente, “difícilmente se cumplan”.
