El proyecto de ley para reglamentar el uso de las reservas facultativas o empresariales será presentado al Congreso una vez que el MEF cierre la propuesta del PGN 2027, que debe ser presentado a más tardar el 1 de setiembre, según adelantó el ministro de Economía, Óscar Lovera.
Explicó que la iniciativa ya se encuentra prácticamente definida y recordó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) fue el ente que dio inicio a su discusión.
Aclaró que el objetivo no es prohibir el uso de las reservas, sino establecer temporalidades para determinar cuánto tiempo deben permanecer registradas o mantenerse en los balances empresariales.
El proyecto había sido anunciado previamente por la DNIT como una herramienta para evitar que sean utilizadas para postergar o eludir el pago del impuesto a los dividendos y a las utilidades (IDU). Este grava la distribución de dividendos, utilidades y rendimientos de propietarios, socios o accionistas. La tasa es de 8% para residentes y de 15% para no residentes.
El titular de la entidad recaudadora, Óscar Orué, también había señalado que la intención no es eliminar las reservas ni crear o aumentar impuestos, sino establecer reglas sobre su utilización. Manifestó que la discusión surgió luego de que se detectaran inconsistencias en algunas empresas, las cuales están sujetas a sumarios administrativos.
El debate también generó cuestionamientos desde el sector privado y especialistas tributarios, quienes advierten sobre efectos negativos de una nueva regulación.
La iniciativa también responde a la necesidad del Estado por lograr una mayor recaudación. En ese sentido, como otra alternativa, Lovera señaló que trabajan en una revisión de la estructura tributaria, para evaluar eliminar exenciones, deducibilidades y regímenes especiales.
Recordó que muchas de estas medidas fueron adoptadas en administraciones anteriores, por lo que ahora corresponde evaluar si efectivamente cumplieron con la finalidad para la cual fueron creadas.
Según Lovera, cualquier modificación tendrá efectos principalmente hacia adelante, por lo que los eventuales cambios no necesariamente significarán una mayor recaudación inmediata para el Tesoro Público.
