La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, y el viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe, informaron este lunes, en una conferencia de prensa, sobre el plan de fuga de un supuesto miembro del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC).
Según los datos de las autoridades, se llegó a ofrecer la suma de hasta USD 80.000 a agentes penitenciarios o miembros de las fuerzas públicas para el efecto.
Pérez agregó que, de acuerdo a información de inteligencia, el escape era planeado para un recluso de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, en Amambay.
Si bien cuentan con las identidades de los líderes y miembros de la banda criminal, aclararon que aun no obtuvieron datos sobre quien o quienes serían los objetivos de este plan.
Ante los nuevos datos, la titular de la cartera de Justicia mencionó que será presentada una denuncia formal ante el Ministerio Público, de forma a contar con la intervención de la Unidad de Crimen Organizado.
También se informó al Ministerio del Interior, a la Comandancia de la Policía y a la Fuerza de Tarea Conjunta, a fin de reforzar los trabajos de seguridad en el perímetro de la cárcel.
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“Por la Ley de Emergencia Penitenciaria nosotros tenemos cobertura policial y militar en los centros penitenciarios. Ahora mismo se están teniendo refuerzos. Estamos en una época difícil y en constante alerta, en el norte especialmente”, señaló la ministra.
En septiembre de este año, el presidente Mario Abdo Benítez dio luz verde a esta normativa.
El documento amplió el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2019 para ese fin y facultó al Ministerio de Justicia la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.
Sobre este punto, la ley asignó una ampliación de sus recursos por más de G. 13.000 millones para la agilización de los procesos que conlleven al mejoramiento del sistema penitenciario del país.
