Los datos confirman que, durante los últimos 20 años el Índice de Desarrollo Humano de Paraguay creció un 12%, al pasar de un desarrollo humano medio en el 2001 a un desarrollo humano alto en el 2020. El índice resume los avances en términos de bienestar de la población considerando indicadores de salud (esperanza de vida al nacer), educación (años de escolaridad observados y esperados) y el nivel de ingreso per cápita de la población. Los avances, no obstante, se opacan por la desigualdad en el acceso a servicios básicos y otros elementos fundamentales para el bienestar.
Dos de ellos son fundamentales: El acceso al agua potable y a la energía eléctrica. El acceso al agua potable es un derecho humano esencial para la vida humana, y pese a los avances todavía falta asegurar el acceso a fuentes de agua potable a poblaciones que pertenecen a los segmentos socioeconómicos más vulnerables.
En cuanto a la electricidad, el informe Estado Global de las Energías Renovables 2022, ubica a nuestro país como uno de los seis países del mundo que consume energía eléctrica sustentado en un 100% en fuentes renovables, siendo a la vez uno de los mayores exportadores de energía. No se puede soslayar, sin embargo, la realidad de la población cuando cada verano se dan los cortes del servicio, y se repiten las excusas por la falta inversión en la Ande. Mientras tanto comunidades que viven alejadas, como la comunidad indígena Puerto Esperanza, en el Alto Paraguay, a más de 800 kilómetros de Asunción aguardan desde años que el Estado les provea de energía eléctrica. Es inaceptable que en el Paraguay haya personas que aún no tengan acceso al básico servicio.
Estas comunidades que viven alejadas de los centros de poder sufren también la falta de caminos adecuados. Resulta encomiable el mejoramiento de rutas y el asfalto de otros accesos, no obstante, todavía hay zonas del país que requieren atención e infraestructura que faciliten el acceso a la escuela a sus hijos, a los hospitales que están lejanos a esos lugares, y también para poder trasladar en mejores condiciones los productos de su labor.
Servicios públicos eficientes mejoran la calidad de vida de las personas y es un factor relevante para la productividad. Uno de estos servicios es el del transporte público que es una de las más sensibles deudas con la población. Este es un servicio que permite a la gente el ejercicio de derechos como al trabajo, la salud, una vida sana y educación; sin mencionar que un buen sistema, el cual carecemos en el Paraguay, permitiría reducir la contaminación y el estrés. Actualmente padecemos un sistema abusivo, de mala calidad, ineficiente y que le cuesta mucho dinero al sector público, lo mismo que a las personas que sostienen al sector público con sus impuestos. Los paraguayos, ante la deficiencia y la falta de infraestructura deben optar por el automóvil o la moto. Quienes no pueden, son víctimas de las reguladas de los empresarios del transporte.
Una política de movilidad y transporte es urgente para nuestro país y será un gran desafío para el gobierno Santiago Peña. Necesitamos que el nuevo gobierno apueste por la calidad de vida de los ciudadanos, planteando políticas públicas, perfilando un sistema de transporte y la movilidad que incluyan un servicio de transporte rápido, eléctrico, que no contamine y que contemple todas las modalidades como las bicisendas, tranvías y el tren de cercanías.
Las personas pasan más tiempo en el caos del tráfico que con su propia familia. Un sistema de transporte bien articulado beneficiará a la población que se transporta al trabajo o al estudio; les dará tiempo de calidad con sus familias, lo cual define el grado de calidad de vida que debe ser el objetivo de todo gobierno.
