Denuncian que el Instituto de Previsión Social (IPS) lleva años sin cumplir una sentencia judicial que le ordena hacerse cargo de los gastos hospitalarios de un paciente que lastimosamente perdió la vida. Su familia clama al titular del ente, Dr. Jorge Brítez, que ordene el resarcimiento correspondiente.
Una resolución judicial dictada en plena pandemia, una institución que alegó imposibilidad técnica para cumplirla y una causa por desacato que depende de las autoridades del ente. Ese es el nudo del caso que involucra al organismo previsional del Estado paraguayo y que hoy los familiares no quieren que quede en la nada.
Todo comenzó cuando Héctor Miguel Morales Peña, asegurado del IPS, fue afectado por el Covid-19 y debió recibir atención médica urgente. Sin embargo, la institución no contaba con disponibilidad de camas para recibirlo, por lo que el paciente fue derivado al Sanatorio Italiano y posteriormente al Sanatorio Americano, dos clínicas privadas de Asunción. El costo de esa atención quedó, en un primer momento, en el aire.
Ante esa situación, María Teresa Morales Peña, hermana y curadora legal del paciente, recurrió a la Justicia. Con el patrocinio de los abogados Juan Ramón Villalba Gómez (su marido) y Juan Ramón Villalba Morales (su hijo), interpuso una acción de amparo constitucional en contra del IPS, exigiendo que la previsional se hiciera cargo de los gastos médicos generados por la atención en los sanatorios privados.
LA SENTENCIA. “La jueza de Garantías Lizzi Sánchez resolvió hacer lugar a la acción de amparo y ordenó al IPS que cargara con todos los gastos médicos implicados en la atención del señor Héctor Miguel Morales Peña, tanto en el Sanatorio Italiano como en el Sanatorio Americano, e inclusive en cualquier otro sanatorio privado que hubiera intervenido en su tratamiento”, expresó doña Teresa a la Redacción de ÚH.
“El contexto fue horrible. Mi hermano estaba pasando muy mal por problemas personales y familiares. Era diabético y el estrés sumado al entorno mismo de la pandemia le jugó una mala pasada. Hasta que un día ya no aguantó más. Era un economista brillante, muy trabajador y bondadoso”, recordó la hermana de la doble víctima.
Sin embargo, la orden no fue ejecutada. Meses después, y con la resolución judicial todavía incumplida, la propia magistrada comunicó la situación al Ministerio Público. En el marco de la investigación penal, el agente fiscal Marcelo Saldívar tuvo a su cargo el caso.
“Fue tremendo para nosotros porque ya habíamos agotado las instancias. Y fue ahí donde el fiscal Saldívar nos dijo que había llegado a un acuerdo con Jose’i (asesor de IPS) donde supuestamente si desistíamos de la causa ellos nos pagarían. Pero no ocurrió”, recordó doña Teresa.
“Empezaron a embarrar la cancha, como se dice coloquialmente en derecho, porque sucedió que contestaron tarde el amparo judicial que siempre suele ser un procedimiento rápido. Y eso jugó a favor de nosotros por un lado. Ahí fue cuando intervino la Asesoría Jurídica de IPS con su titular”, indicó el Dr. Villalba.
“Cuando muere mi cuñado, justamente un 15 de abril presentamos toda la documentación correspondiente, recibos, comprobantes, facturas, etc. Y todo junto sumaba G.120 millones. En eso, Jose’i González interviene y al fiscal Saldívar le dice que suspendamos el juicio y ahí nos iban a pagar, lo cual nunca cumplieron. Una vergüenza”, explicó el jurista.
Agregó: “Solo queremos justicia. La verdad que fue mucho desgaste tanto físico como anímico. Mi marido como yo somos jubilados, ya no estamos fuertes como antes para producir económicamente, así que el impacto que tuvo este hecho a nuestras finanzas personales es considerable. Ojalá el titular actual del IPS responda nuestro pedido”, culminó doña Teresa.
LA POSTURA DEL IPS. La Redacción de Última Hora se puso en contacto con el ex asesor jurídico del IPS José González y este mencionó sobre el caso que “el acuerdo consistió en que la familia del fallecido desistiera de la causa a cambio de la devolución del dinero que gastaron por el señor Morales. Pero que al desistir de la causa al mismo tiempo ‘mataron’ la posibilidad de solicitar jurídicamente el pago”.
Consultado sobre el condicionamiento al que la familia Morales estaba entablando la negociación con la esperanza de poder cobrar un reintegro por los gastos que tuvieron, el ex asesor jurídico de la previsional se abstuvo de opinar.
Sin embargo, acotó que en este caso lo que quedaría sería intentar dialogar con la administración actual de la previsional.
