El escrito sobre las presuntas irregularidades cometidas por el intendente Julio César Brítez lleva la firma del concejal Roberto Ocampos, el senador nacional Pedro Santa Cruz y los ciudadanos Agustín Perdomo (ex diputado por Canindeyú), Vidal Delvalle Alvarenga y Miguel Ángel González Brítez.
La base de la denuncia está fundada en los informes de la Contraloría General de la República (CGR), correspondientes a los ejercicios financieros 2012, 2013 y 2015, en donde se constataron varias supuestas desprolijidades administrativas que nunca fueron investigadas por la justicia ordinaria.
Según el texto, Brítez aparentemente pagó montos superiores a los manejados en el mercado para obras ejecutadas, violando normas de la administración financiera del Estado, del régimen de Obra Públicas y de Contrataciones Públicas.
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“También el informe final de la CGR y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas mencionaron la pésima calidad de las obras ejecutadas con fondos de Fonacide y royalties”, agrega parte de la denuncia.
En 22 observaciones realizadas por la Contraloría, que se desprenden del ejercicio financiero 2012-2013, se pueden constatar presuntas irregularidades en ejecución de obras e inversiones por valor de más de G. 2.603 millones.
Asimismo, en el ejercicio 2015, se sospecha de un posible perjuicio patrimonial por valor de G. 166 millones de los fondos de Fonacide.
Los denunciantes manifestaron que existen sobradas sospechas de que el intendente habría utilizado bienes del municipio como negocio propio, depositando recursos en sus propias cuentas bancarias.
Enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Julio César Brítez supuestamente montó un esquema y una estructura para ocultar el origen ilícito de los fondos al hacer compras de tierras rurales utilizando a aparentes testaferros.
En ese sentido, se adjuntó a la denuncia documentos sobre la adquisición de unos 400 inmuebles urbanos por parte del jefe comunal luego de su asunción al cargo en el año 2010. Igualmente, los denunciantes mencionaron a los presuntos testaferros y sus empresas que serían de maletines, y quienes siempre son los ganadores de las licitaciones hechas por el Municipio.
En el año 2014, los entonces concejales municipales Javier Antonio Rivas Alonso, Arnildo Concepción Vergara Ramírez, Arsenio Erico Mereles Gómez, Ignacio Sergio Rivas y Diego Terrazas Domaniczky habían presentado una denuncia contra Brítez por el supuesto enriquecimiento ilícito en la función pública que actualmente está cajoneada en la Fiscalía de Salto del Guairá, según el escrito.
Con respecto a ese caso, el concejal Roberto Ocampos dijo que solicitó a la Fiscalía General del Estado que lleve la carpeta fiscal de manera a que efectivamente se indaguen los hechos denunciados.
Brítez asegura que no tiene nada que esconder
Brítez, quien va culminando su segundo mandato al frente de la Municipalidad de Katueté, se mostró sorprendido por la denuncia en su contra y aseguró que no tiene nada que esconder. Inclusive, dijo que está dispuesto a mostrar el movimiento de su cuenta corriente para comprobar que nunca depositó dinero público en sus cuentas particulares.
Aclaro que sí cuenta con 400 terrenos urbanos como consta en la denuncia, pero que corresponde a un “loteamiento social”. Confirmó que posee una propiedad de 4.000 hectáreas en el Chaco a su nombre y agregó que en el año 2000 vendió 1.787 hectáreas al Indert, en Kavaju Kangue, Caazapá, con el compromiso de que la institución estatal le debía ceder 12.000 hectáreas de tierra.
En cuanto a las supuestas empresas de maletines, refirió que “son las empresas que cuentan con todos los documentos en regla”. Finalmente, invitó a la prensa para indagar el caso, porque no tiene nada que ocultar.
