Javier Villalba, secretario general del sindicato de la empresa pública, señaló que decidieron acudir a la prensa para denunciar la crítica situación que atraviesan los empleados y la cadena productiva del sector cañero, debido a que sus reclamos no son atendidos por el Gobierno.
“Ya hicimos todo lo que gremialmente corresponde, solicitando entrevista con el presidente de la República, con el procurador general de la República, con el presidente de la Cámara del Congreso, con el presidente de la Cámara de Diputados, con el ministro de Industria, ministro de Economía y Finanzas, pidiéndoles auxilio por la situación en que la administración anterior de José Ocampos y su gavilla de forajidos dejó en cesación de pago la empresa”, explicó.
Afirmó que la crisis financiera ya dejó a los trabajadores sin sus salarios al día y sin cobertura del seguro social desde hace más de ocho meses, mientras que los servicios básicos en la empresa no se pagan desde que asumió la administración de Ocampos en el 2024.
“Comercialmente y financieramente hablando de la empresa, es un despelote total. Ahora mismo no estamos operativos, servicios básicos de agua y luz se cortaron por falta de pago, hay una gran acumulación de deudas”, lamentó.
El dirigente gremial detalló que la deuda en concepto de salarios para todo el personal ronda los G. 600 millones mensuales, mientras que la acumulada con el Instituto de Previsión Social (IPS) supera los G. 700 millones.
Explicó que son alrededor de 170 empleados directos los que están siendo afectados, a los que se suman las personas que operan en el proceso de producción, alcanzando aproximadamente a unas 2.000 familias que están padeciendo a causa de la situación.
“Están los distribuidores, los proveedores de materia prima, que es la caña; los cortadores, los peladores, los que hacen la miel, los que hacen mosto, los que hacen la caña blanca, que nosotros utilizamos para producir”, detalló a su vez.
Recordó que Capasa se constituye como una firma que históricamente se encarga de regular el precio de la caña blanca a nivel nacional, pero advirtió que, ante la mala administración, se encuentra actualmente paralizada.
Acciones. Sobre las gestiones realizadas para revertir o contener la situación, explicó que la actual dirección, a cargo de Manuel Chávez, quien fue designado por Peña en junio pasado, solicitó al Gobierno una inyección económica de alrededor de USD 2 millones para volver a hacer operativa a la entidad.
Sin embargo, lamentó que esto tampoco tuvo respuestas, por lo que pidieron al menos un fraccionamiento de ese monto, a fin de ir cubriendo la deuda, las cargas sociales y los descuentos judiciales.
“Hay una gran preocupación de que una empresa emblemática e histórica como Cañas Paraguayas, hoy en día esté prácticamente dando su última bocanada de aire, a causa de la mala administración que el Gobierno colorado del movimiento Honor Colorado le envió al sátrapa de José Ocampos y a la gavilla de sus delincuentes para que fundan la empresa”, criticó Villalba.
Enfatizó, además, que la empresa no forma parte del Presupuesto General de la Nación, argumentando que genera sus propios ingresos. Reiteró que, en medio de la incertidumbre, los empleados y sus familias esperan que el Gobierno responda a sus demandas para evitar el cierre definitivo de una empresa con casi un siglo de historia y que forma parte del motor de la economía.
“Es mentira eso que se dice normalmente de nosotros para deshacerse de la responsabilidad que viene del Gobierno, de que no se le puede dar plata a Capasa porque en los hospitales faltan jeringas, porque en los hospitales el consumo de bebida alcohólica causa accidentes. Siempre es la excusa. (…) Ayudarle a Capasa significa mantener una industria, mantener fuentes laborales y sobre todo generar negocios”, concluyó.
