El especialista en protección social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para el Cono Sur, Guillermo Montt, advierte que Paraguay debe anticiparse los problemas de sostenibildiad fortalecer la cobertura contributiva, en un diálogo amplio y con reglas claras.
“El contexto demográfico, económico y laboral está cambiando muy rápido; por lo tanto, los sistemas previsionales también deben ajustarse de manera regular”, explicó Mott, quien señaló que más que hablar de urgencia, lo importante es generar procesos continuos de adecuación.
Uno de los temores recurrentes entre los aportantes es que, ante el agotamiento de los fondos, las jubilaciones dejen de pagarse. Mott subrayó que ese escenario no puede ocurrir.
“El que aporta y tiene un derecho, ese derecho está garantizado. La responsabilidad última es del Estado”, afirmó. Existen tratados internacionales ratificados por Paraguay que protegen esos derechos adquiridos, por lo que, incluso si una caja entra en déficit, los beneficios deben seguir pagándose. Sin embargo, la sostenibilidad sí importa. “Los procesos de envejecimiento en la región son mucho más rápidos que en Europa: lo que allá tomó 100 años aquí ocurre en 30. Por eso hay que anticiparse. Si esperamos a 2046, cuando sabemos que se pueden llegar a agotar las reservas, será demasiado tarde”, advirtió en referencia al Instituto de Previsión Social (IPS).
Recordó que durante las últimas dos décadas, Paraguay amplió su protección social mediante programas financiados con impuestos, como la Pensión Universal del Adulto Mayor. Pero ese camino llegó a su tope.
“El espacio fiscal está al límite en muchos países de la región, incluido Paraguay. Ya no podemos depender únicamente de las rentas generales para seguir expandiendo la cobertura”, apuntó.
Por eso, indicó que desafío vuelve a dirigirse hacia una cobertura contributiva, que depende de la formalización del empleo. Y ahí, aseguró, que el diagnóstico es complejo ya que no todos los trabajadores informales responden a los mismos motivos.
“Hay personas que no tienen capacidad para contribuir —no se les puede exigir un aporte del 20% si ganan dos tercios del salario mínimo— y otras que podrían hacerlo, pero responden a incentivos distintos. Desatar esa madeja implica políticas diferenciadas”, explicó.
Además, la falta de servicios accesibles desalienta el aporte: “Si vivo en una zona rural y no tengo acceso a un hospital del IPS, no siento el beneficio de contribuir”, añadió.
Mott destacó que la reciente creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones constituye un paso clave para ordenar la gobernanza del sistema.
“La superintendencia permite supervisar el sistema completo, no solo cajas aisladas. Y su estructura tripartita —trabajadores, empleadores y Estado— abre espacio para un diálogo más transparente y permanente”, afirmó.
El rol del organismo será crucial para exigir reportes, evaluaciones actuariales frecuentes y mecanismos de alerta temprana, evitando escenarios de sorpresa como déficits no previstos o necesidades urgentes de rescate fiscal.
Consultado sobre qué países pueden servir de referencia para Paraguay, Mott apuntó a Uruguay como el ejemplo más sólido en la región.
“El proceso uruguayo se basa en diálogo constante. En 2008 realizaron un diálogo nacional de seguridad social donde acordaron los principios del sistema. Eso ordenó todo lo que vino después”, recordó.
Para Mott, Paraguay puede replicar ese modelo bajo acuerdos sobre principios básicos, como solidaridad intergeneracional, diagnóstico común, sólido y transparente.
