Según los denunciantes, el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, deberá responder por sus “crímenes contra la humanidad”, un delito previsto en el tratado internacional de Roma, que reconoce el TPI y del cual Brasil es signatario desde 1998.
“Las normas del tribunal son claras con respecto a las posibilidades de responsabilización de jefes de Estado cuando estos incitan, practican o se omiten ante crímenes contra la humanidad”, señaló el CADHu en un comunicado.
En la denuncia encaminada a la fiscala jefe del TPI, Fatou Bensouda, los abogados destacan que los recientes incendios en la Amazonía, cuyas imágenes en llamas dieron la vuelta al mundo, “generan un daño ambiental y social desigual y de difícil reversión”.
Además, estarían asociados a la “disputa de tierra para emprendimientos agropecuarios, grandes obras de infraestructura, minería ilegal y explotación de madera”.
“Dichas actividades ejercen gran impacto sobre la selva y los pueblos que la habitan y vienen siendo en ciertos momentos estimuladas y, en otros, ignoradas”, apuntaron los abogados.
La denuncia fue presentada por el CADHu, un grupo de abogados que actúa de forma pro bono en casos de interés público desde 2012, y por la Comisión Arns, que reúne a ex ministros brasileños y activistas en defensa de los derechos humanos.
De acuerdo a los denunciantes, desde el inicio de su Gobierno, Bolsonaro “incitó violaciones y violencia contra los pueblos indígenas y tradicionales”.
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El jefe de Estado es acusado también de debilitar las instituciones de control y del despido a renombrados investigadores de órganos de investigación, además de haber sido “omiso en la respuesta a los delitos ambientales en la Amazonía”.
“Por este conjunto de acciones, CADHu y la Comisión Arns entienden que Bolsonaro es personalmente responsable de un crimen contra la humanidad, factor impulsor de la denuncia”, recalcó el colectivo.
Tras recibir la denuncia formal, Bensouda deberá ahora solicitar informaciones a Estados, órganos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales y otras fuentes que considere relevantes para estudiar las acusaciones.
En caso de que considere que hay “base suficiente” para iniciar una investigación, la fiscala jefe del TPI podrá presentar una petición de autorización para una investigación a la Cámara de Cuestiones Preliminares, vinculada a esta corte internacional.
Desde que asumió el poder el pasado 1 de enero, Bolsonaro protagonizó una serie de polémicas y se vio en medio de una crisis internacional tras el aumento de los incendios en la Amazonía, un problema que los expertos achacan a la creciente deforestación en la región y la retórica antiambientalista del presidente.
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Entre agosto de 2018 y julio de 2019, la deforestación en la Amazonía brasileña se disparó cerca de un 30% y alcanzó su mayor nivel en 11 años, según datos oficiales.
Según un informe oficial divulgado este jueves, la deforestación también afecta a las tierras indígenas y ha aumentado un 74% entre agosto de 2018 y julio de 2019, un periodo en el que perdieron 423 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal.
Sin embargo, Bolsonaro niega que las políticas de su Gobierno sean la razón de ese aumento y atribuye el avance de la deforestación a fenómenos “culturales” que relaciona con las prácticas de tala y quema, que muchos habitantes de la Amazonía utilizan tradicionalmente.
