El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Emilio Gutiérrez, presentó una denuncia formal contra un líder indígena y otras 26 personas.
Los hechos denunciados son explotación laboral y sexual, falta del deber del cuidado y exposición al peligro.
Mariano Benítez, cacique de la comunidad indígena Guavirami de Trinidad, es señalado de liderar un esquema de explotación laboral, sexual y trata de personas.
Su nieto falleció arrollado por un automovilista cuando vendía limones en la avenida Japón, de Encarnación.
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Aparte de este caso, existen otras graves denuncias en contra del líder indígena, que viene sometiendo a los niños de su comunidad a una presunta explotación.
El ministro de la Niñez arrimó una serie de documentos y evidencias contra el citado líder indígena y otras 26 personas, a fin de que el Ministerio Público pueda avanzar con las investigaciones y llevar a los responsables ante la Justicia.
Los fiscales Carlos Gómez, Lorena Castelvi y Éver Regalado Williams tendrán a su cargo la investigación de las denuncias.
Por su parte, la fiscala adjunta, Fabiola Molas, informó que la causa del niño indígena arrollado cuando vendía limones irá a juicio oral.
El secretario de Estado expresó ante los medios de comunicación su preocupación por la situación que vienen atravesando los niños y niñas indígenas de la región, por lo que pidió que la Fiscalía actúe con urgencia para esclarecer los hechos.
“La explotación infantil es una violación a los derechos humanos y no podemos tolerar que niños y niñas indígenas sean víctimas de esta práctica. Con esta denuncia, buscamos que la Fiscalía inicie una investigación formal y lleve a los responsables ante la Justicia”, señaló.
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Se tiene una lista identificada de los presuntos responsables, que incluye a varios caciques de las comunidades indígenas de Itapúa.
La denuncia detalla casos de explotación laboral y otros abusos del cual fueron víctimas los menores, quienes son forzados a realizar trabajos en condiciones deplorables y expuestos a cualquier tipo de cosas.
“Acá ya no podemos mezclar los derechos consuetudinarios indígenas, porque es una cuestión clara de explotación, y tampoco se puede hablar de una problemática social, porque dicha comunidad está recibiendo todo tipo de asistencia del Estado”, denunció.
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Gutiérrez pidió no dar monedas a niños y niñas en calle, ya que “esto solo perpetúa su permanencia en calle” y, finalmente, todo lo “recaudado” no va para ellos.
“Esta no es la primera denuncia, pero estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas no puede ni va a estar jamás sobre los derechos de la niñez y la adolescencia indígena”, agregó.
