El defensor del Pueblo, Rafael Ávila Macke, presentó este miércoles una denuncia ante el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, por la supuesta comisión de hechos punibles a determinar.
En la denuncia se explica que a raíz de la Consultoría Técnica realizada a la gestión en la Defensoría del Pueblo, correspondiente al período comprendido de los ejercicios fiscales 2020 y 2021 se tomó conocimiento de la posible existencia de supuestos hechos punibles considerando las irregularidades detectadas que originaron perjuicios patrimoniales para la institución, conforme al informe de la Consultoría Técnica presentado por la licenciada Rocío Filippini.
En el informe mencionado se relatan detalladamente varias inobservancias e incumplimientos a las normativas vigentes que se tradujeron en una disminución patrimonial con resultado negativo de los estados contables de la Defensoría del Pueblo, cerrado el ejercicio al 31 de diciembre del 2020 se evidenció una disminución de G. 3.045.419.179 y cerrado al 31 de diciembre del 2021 se evidenció nuevamente una disminución con resultado negativo de G. 1.130.455.890.
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Además, se explica que de la verificación realizada se pudo constatar una disminución de los activos de la institución en G. -933.457.601, la utilización de facturas no válidas, facturas emitidas en forma repetitiva por mismas reparaciones de vehículos en un mismo día. Carga de combustible en vehículos no autorizados por la institución. Se han adquirido insumos de una supuesta librería en Ypacaraí (cuya existencia no pudo ser constatada) teniendo en cuenta que la sede central de la institución se encuentra en Asunción.
También, se menciona detalla que en el ejercicio fiscal 2020 se constató pagos adelantados a proveedores por un valor de G. 450.000.000, los cuales no fueron expuestos en el balance financiero de la Defensoría del Pueblo, del mencionado ejercicio fiscal, situación totalmente irregular.
La denuncia expresa que en el 2021 se fraccionaron pagos a proveedores por valor de G. 139.470.556, monto que excede más del 100% legal permitido considerando que el tope presupuestario en el ejercicio fiscal 2021 era de G. 1.320.765.
“Se evidenciaron varias operaciones irregulares por sumas significativas, en distintas ocasiones que afectaron negativamente el presupuesto financiero de la Defensoría del Pueblo causando un grave perjuicio patrimonial para la institución”, expresa parte de la denuncia.
El defensor del pueblo presentó la denuncia contra personas innominadas y contra quienes pudieran resultar como autores o partícipes al cabo de la investigación y pide al fiscal general del Estado a realizar las diligencias investigativas para el esclarecimiento del caso, además de formular imputación contra los autores de los hechos denunciados.
