25 feb. 2024

Defensa de Erico Galeano insiste en apartar a juez en proceso por lavado de dinero

La defensa del senador Erico Galeano, imputado por lavado de dinero, apeló el fallo que confirmó en la causa al juez Gustavo Amarilla. Aún está pendiente la realización de una audiencia de imposición de medidas cautelares. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del legislador colorado.

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El senador Erico Galeano y su abogado defensor, Cristóbal Cáceres.

El senador Erico Galeano, a través de su abogado, apeló el fallo del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado que confirmó al juez Gustavo Amarilla Arnica en la causa. Con ello, la competencia del magistrado aún no está firme, informó el periodista Raúl Ramírez.

El político, perteneciente a la bancada de Honor Colorado (HC), ha logrado dilatar de esta manera su audiencia de imposición de medidas, donde se debe estudiar el pedido de prisión preventiva que realizó la Fiscalía.

Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak solicitaron tal medida cuando formularon la imputación contra el senador por presunto lavado de dinero y asociación criminal, que se desprendió del operativo A Ultranza.

Nota relacionada: Corte rechaza las acciones del senador Erico Galeano

Recientemente, también presentó dos acciones, que fueron rechazadas in limine (sin estudiar el fondo de la cuestión) por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Se trataba de dos acciones de inconstitucionalidad, que al ser rechazadas permitía al juez convocar a Galeano a su audiencia de imposición de medidas cautelares.

La resolución de la máxima instancia judicial se dio luego de las fotografías virales del senador Erico Galeano, tras un partido de fútbol llevado a cabo en Mburuvicha Róga, con varias autoridades, también un día después de la cumbre de poderes.

Más detalles: Juez fija fecha para imposición de medidas a Erico Galeano; Fiscalía pide su prisión

Los fallos fueron unánimes de los ministros César Diesel, Gustavo Santander y Víctor Ríos Ojeda, quienes señalaron que no se cumplieron con todos los requisitos legales para que se estudien las acciones de la defensa del legislador.

Una de las acciones era contra las dos resoluciones (del juez y del Tribunal de Apelación), que rechazaron la excepción de falta de acción. Indicaba que en primer lugar la Fiscalía debía pedir su desafuero, para luego poder abrir una investigación en su contra.

La segunda acción es contra las dos resoluciones, del juez y de los camaristas, que rechazaron la excepción de incompetencia de jurisdicción. La defensa entendía que el juez Gustavo Amarilla no era competente para juzgarle por sus fueros.

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