La fiscala Ruth Benítez imputó por los citados hechos punibles a Quintana Acosta, porque, supuestamente, a través de las redes sociales amenazó al periodista Carlos Benítez, de modo a hostigar y amedrentarlo para frenar las publicaciones sobre la mafia de los pagarés.
El imputado quedará privado de su libertad por diez días en el Departamento Judicial de la Policía y, si no hay resolución en contrario, deberá ser derivado al penal de Tacumbú.
En el caso, en su momento, también habían aparecido varios perfiles falsos que hicieron una persecución al medio y a sus periodistas con publicaciones y mensajes de odio dirigidas a los mismos.
Luis Alberto Quintana fue detenido la tarde del jueves en un allanamiento encabezado por la citada agente fiscal, que luego presentó acta de imputación por los citados hechos punibles.
En su escrito inicial, solicitó el arresto domiciliario debido a que el mismo manifestó su intención de colaborar con la investigación, luego de la obtención de copias del cuaderno de la investigación fiscal.
Sin embargo, el mismo posteriormente no colaboró con la pesquisa, por lo que ya en la audiencia de imposición de medidas, la fiscala pidió al magistrado que considere la aplicación de la prisión preventiva.
Por su parte, la defensa solicitó las medidas alternativas a la prisión, basado en el estado incipiente de las pesquisas, a más de que el imputado tiene un trabajo estable, posee un domicilio fijo y es padre de un menor.
Asimismo, ofreció caución personal de Richard Carballo, por el monto que el Juzgado consideraba necesario.
Ya al estudiar el pedido, el juez Delmás sostuvo que en el caso se comprobó que existen elementos para sindicar a Quintana Acosta como supuesto autor de la comisión de hechos punibles.
Alega que “de la lectura del relato de hechos este juzgador pudo notar que los supuestos hechos punibles sindicados al incoado podrían estar conectados con otros hechos punibles que revisten mayor gravedad”.
El juez sostuvo que al momento de la audiencia, el mismo no presentó ningún documento que demostrara su arraigo, a más de que la investigación se halla en etapa incipiente, con lo que existen posibilidades de que pueda influir en la víctima o los testigos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal.
Con estos argumentos, finalmente, decretó la prisión preventiva del encausado, que quedará por diez días en el Departamento Judicial de la Policía Nacional y, si no hay resolución en contrario, deberá ser derivado al penal de Tacumbú.
