Paraguay ha construido a lo largo de las últimas dos décadas una reputación de disciplina macroeconómica admirable. La autonomía técnica del Banco Central del Paraguay (BCP) en el frente monetario, la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, ex Hacienda) de la economía nacional forjaron el Grado de Inversión. Sin embargo, detrás de este éxito habita una paradoja peligrosa: Paraguay edificó “islas de excelencia” técnica –BCP y MEF a la cabeza– dentro de un aparato estatal aquejado por una profunda debilidad institucional.
El reciente informe del Índice del Estado de Derecho (Rule of Law Index) del World Justice Project coloca a nuestro país en el puesto 100 de 143 a nivel global y 24 de 32 en América Latina, representa la frontera real que separa a Paraguay del desarrollo sostenible. La experiencia internacional demuestra de manera económicas no puede sobrevivir indefinidamente al deterioro del resto del Estado (https:// worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2025/Paraguay/).
No es casualidad, en este sentido, que de las tres grandes calificadoras de riesgo soberano, sea justamente Fitch –la única cuya metodología pondera con mayor peso los indicadores de gobernanza del Banco Mundial– la que aún no le otorga a Paraguay el Grado de Inversión, la que está pidiendo exactamente lo que este artículo plantea: una mejora estructural y sostenida de la gobernanza, no solo disciplina fiscal (https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/paraguay-25-11-2024)
El contagio de la fragilidad institucional hacia los núcleos de eficiencia técnica ya muestra señales concretas en la coyuntura nacional: En primer lugar, la acumulación de obligaciones con los proveedores del Estado revela un desfase entre el gasto público real y su reconocimiento contable.
Cuando la convergencia hacia el límite del déficit fiscal pasa de ser coyuntural a estructural la regla fiscal pierde su función de ancla predecible.
En segundo lugar, la vulnerabilidad en la gestión de los fondos de la Seguridad Social que busca rentabilidad sobre la seguridad, los expone al riesgo, ante la mirada pasiva del BCP.
En tercer lugar, el déficit estructural de la Caja Fiscal –que consume recursos del Tesoro que deberían destinarse a educación, salud e infraestructura– preocupa.
Estas dinámicas no han pasado desapercibidas para el FMI, que si bien destacó que la economía paraguaya mantiene un crecimiento sólido respaldado por la estabilidad macroeconómica; proyectó que el déficit fiscal de 2026 se ubicará por encima de la meta inicial debido a la regularización de obligaciones acumuladas con proveedores del Estado. La calidad y transparencia de la convergencia fiscal –no solo su cumplimiento formal– serán determinantes para la credibilidad de Paraguay. Instó a proseguir con el fortalecimiento de las instituciones de gobernanza y de lucha contra la corrupción, particularmente en la implementación del Régimen Nacional de Integridad,
Transparencia y Prevención
Un país con seguridad jurídica deficiente, un sistema de justicia predeciblemente lento e influenciable y un control de la corrupción débil termina imponiendo un techo infranqueable a su propio crecimiento. Los inversores valoran la estabilidad monetaria, pero demandan seguridad en los contratos, transparencia en las licitaciones y servicios públicos eficientes. Para no retroceder sobre los logros alcanzados y traducir el Grado de Inversión en bienestar tangible, resulta necesario no perder la disciplina y eficiencia ganada y extenderlas a los demás sectores del funcionamiento de Estado. La última reunión en el Ministerio de Economía parece indicar que ese es el camino. De lo contrario, la fragilidad del todo terminará por diluir la fortaleza de las partes. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2025/Paraguay/ https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/paraguay-25-11-2024 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2025/Paraguay/
