La semana pasada escuché una entrevista en Radio Monumental AM 1080. Me quedo con el final, cuando el periodista inquirió:
–Para que todos entendamos dijiste “dictadura”, pero en una categoría intelectual superior no es dictadura?
El entrevistado entonces respondió:
–Exactamente.
Prefiero omitir a los protagonistas, especialmente para no darle más publicidad al intelectual en cuestión.
Sin embargo, entiendo que no podemos callar ante cualquier intento de disminuir las atrocidades y los crímenes de la dictadura en Paraguay porque vale la frase “memoria para no olvidar, verdad para sanar, justicia para no repetir”.
Basta con hacer un repaso por los números, esos que siguen doliendo, que no mienten, que ilustran cruelmente esa época tan nefasta para la historia. Una sola víctima echa por tierra cualquier intento de argumentar lo injustificable. Fue en un tiempo reciente, treinta y seis años son muy poco todavía.
Según el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), la cifra estimada de personas afectadas por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) asciende a un total de 128.076 víctimas, sumando los casos directos y los indirectos (familiares y allegados).
Entre las víctimas directas totales se cuentan alrededor de 20.090 personas. Esta cantidad surge de 9.923 víctimas registradas en diversas bases de datos y archivos, más un cálculo de 10.167 personas omitidas en los registros oficiales y de organizaciones.
Las víctimas indirectas se estiman en 107.987 personas. Este número se calcula multiplicando cada víctima directa por cinco, que representa el promedio de familiares o allegados que sufrieron perjuicios por causa de las violaciones.
En cuanto a los tipos de violaciones de los derechos humanos –aclarando que una misma persona pudo haber sufrido más de un tipo de violación a sus derechos–, los registros de las víctimas exponen que hubo 19.862 personas que sufrieron detenciones arbitrarias o ilegales; 18.772 personas que fueron torturadas o padecieron tratos crueles (casi el 95% de los detenidos); 336 personas identificadas entre las desapariciones forzadas, además de 59 ejecutadas extrajudicialmente y otros 28 “casos considerados sin convicción para su tipificación”.
Por si fuera poco, la dictadura les costó el exilio político a 3.470 personas de forma directa, pero al sumar a sus familiares (víctimas indirectas) el guarismo de perjudicados por el exilio se eleva a 20.818 personas.
Igualmente, hubo un impacto en grupos específicos, con consecuencias diferentes en diversos sectores sociales: 2.832 mujeres víctimas directas de violaciones de derechos, y aproximadamente la cuarta parte de las mujeres detenidas que sufrió algún tipo de ultraje o violencia sexual; mientras que cerca del 10,8% de las víctimas totales eran menores de edad al momento de los hechos (niños, niñas y adolescentes), con casos de niños soldados ejecutados o desaparecidos, así como menores nacidos en prisión.
Los pueblos indígenas fueron víctimas de despojo de territorios y matanzas sistemáticas, destacándose el caso del pueblo Aché, con una estimación de fallecimientos del 60% al 70% de su población en ciertas zonas durante las décadas de los sesenta y setenta.
La CVJ también aclaró que las cifras de exilio y violencia sexual presentan un “gran subregistro” por el miedo, el estigma y la falta de registros confiables de la época.
Por ejemplo, “se sabe que muchos exiliados tuvieron que huir del país por las persecuciones y la falta de garantía del respeto a su vida”. No obstante, en total, se estima que se violó algún derecho humano o fundamental “al 0,80% de la población, a una de cada 124 personas”.
No hay que olvidar que hubo dictaduras de terror. Por eso, ¡dictadura nunca más!
