Opinión

De contramano

Iván Lisboa – ilisboa@uhora.com.py

Si el proyecto de reforma tributaria ya se convirtió en un dolor de cabeza para el Ministerio de Hacienda, por sus complejidades y por los enfrentamientos que llevó en estos primeros meses del año con el sector privado debido a los reclamos sobre el despilfarro del dinero público, no puedo imaginar cuántas aspirinas deberá comprar Benigno López para justificar el proyecto de ley del gobierno corporativo para las empresas públicas.

Básicamente, según publica en la página 15 el diario Última Hora en su edición impresa del domingo, mediante esta propuesta el Ejecutivo plantea instalar de nuevo directorios con tres a siete miembros en la ANDE, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Petropar, la Industria Nacional del Cemento (INC) y la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). Algo parecido a la estructura actual de otras compañías estatales, tales como la Copaco, Essap, Cañas Paraguayas SA (Capasa) y Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).

En su fundamentación, el presidente Mario Abdo Benítez argumenta que el proyecto busca fijar un marco regulatorio común para estas empresas, con separación de funciones y con el objetivo final de mejorar la eficiencia y la transparencia de las firmas.

Cuesta imaginarse cómo se dará esto que alega el primer mandatario del país, ya que la fórmula de los directorios fue un fracaso.

Si nos remitimos a las pruebas, ni Copaco, ni Essap, y mucho menos Capasa y Fepasa, han mejorado su gestión con la implementación de directorios. Es más, han empeorado a tal punto que ni siquiera se sabe qué es lo que hacen las últimas dos para seguir alimentándose todos los años de fondos públicos.

Sin embargo, nunca se objetó el funcionamiento de las empresas estatales a nivel Gobierno. La explicación no es tan difícil ni rebuscada. Sencillamente, se convirtieron en antros de planillerismo, clientelismo y operadores políticos. Esto, sin tener en cuenta que las empresas que cuentan con directorio ni siquiera son incluidas dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN), por lo que el Tesoro no puede tampoco aplicar topes a los gastos que son considerados superfluos.

Mejorar el gasto. Esa fue una de las condiciones exigidas por la clase empresarial y obrera al iniciar la discusión sobre la reforma tributaria a fines del año pasado. En reiteradas ocasiones, los gremios del sector privado se han manifestado en favor de un saneamiento de las finanzas públicas y un sinceramiento del plan de gastos, como muestras de un cambio verdadero y franco.

En los últimos meses, no obstante, se han visto numerosos ejemplos de cómo el PGN se ha utilizado exclusivamente para los fines particulares y partidarios.

Si los sigilosos aumentos salariales sin concurso para más de 2.000 funcionarios y los meteóricos ascensos denunciados en el Congreso, además de la duplicación de sueldos y la contratación a mansalva de asesores en varias entidades, no son precisamente señales que alienten al contribuyente a pagar más impuestos, la creación de más cargos para los amigos o correligionarios, aparte de inoportuno y desafortunado, solo termina por incrementar la desconfianza hacia la gestión estatal.

La reforma tributaria no puede esperar, de eso no hay dudas. La inequidad en el régimen impositivo es una realidad que solo lastima a los estratos más bajos y beneficia a los más elevados. Un impuesto a la renta personal (IRP) más justo y recaudador y un impuesto a la renta empresarial (IRE) que imponga más carga al sector agropecuario son cuestiones ineludibles para la Administración Tributaria.

En un contexto regional duro para la economía, con caída del consumo y la inversión, plantear una reforma tributaria y al mismo tiempo un proyecto de ley para una nueva repartija de cargos, van de contramano, dejando una vez más en evidencia la falta de rumbo de este Gobierno.

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