Por voto en mayoría de los jueces Darío Báez y Juan Pablo Mendoza, con la disidencia de la magistrada Rossana Maldonado, se hizo lugar a la revisión de medidas cautelares solicitada por el abogado Miguel Ángel Martínez, en representación de Ignacio Luis Ortigoza.
Sin embargo, el procesado tiene otras cuatro causas, entre ellas, una condena de tres años y medio de cárcel, que fue dictada el 22 de diciembre del año pasado, por supuesta producción de documentos no auténticos por los jueces Christian González, Darío Báez y Natalia Cacavelos, por lo que seguirá recluido.
En este caso, Ortigoza está acusado por la supuesta venta irregular de 4.000 hectáreas en la localidad de Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, conforme con la acusación fiscal por presunta lesión de confianza.
Ortigoza fue detenido el 3 de julio de 2025, durante un operativo policial contra el crimen organizado. Estaba prófugo hacía más de seis años, hasta que fue capturado por la Policía.
Sin embargo, en esta causa, recién el 8 de julio del año pasado se le dictó prisión preventiva, por lo que, a la fecha, ya cumplió más de seis meses de reclusión. En ese sentido, la defensa argumentó que compurgó la pena mínima correspondiente al delito por el que se lo acusa, en este caso, lesión de confianza, y solicitó la libertad del encausado.
La defensa ofreció caución real sobre dos inmuebles, aunque carecía de condiciones de dominio, pero que lo iban a presentar más adelante, en caso de concederse el pedido.
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Por su parte, la fiscala Belinda Bobadilla, que participó en forma telemática en la audiencia, se opuso a la libertad del acusado, teniendo en cuenta que en el caso, tenía juicio oral para febrero de este año, ante el Tribunal encabezado por la jueza Lourdes Garcete.
Además, indicó que Ortigoza estuvo prófugo por más de seis años, por lo que estuvo mucho tiempo en rebeldía, sustraído de la Justicia, por lo que existía peligro de fuga respecto al procesado.
Tras la audiencia, la jueza Rossana Maldonado explicó que por mayoría concedían la petición. La magistrada argumentó que su voto era por rechazar el pedido, ya que si bien compurgó la pena mínima, no tenía arraigo, ya que si bien presentó dos propiedades como caución, no se tiene certificado de condiciones de dominio y ni certificado de vida y residencia, por lo que persistía el peligro de fuga.
Por su parte, los jueces Darío Báez y Juan Pablo Mendoza entendieron que el procesado ya compurgó la pena mínima de seis meses, por lo que la misma Constitución Nacional señala que con prisión preventiva no se puede superar la pena mínima.
Con ello, concedieron el pedido, pero el procesado seguirá preso porque tiene otras causas donde tiene prisión preventiva.
