El pa’i Alberto Luna, en representación de la comunidad religiosa, llegó este jueves hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia, en donde familiares de los procesados por el caso Curuguaty se encadenaron y permanecen en vigilia hasta que den a conocer la sentencia final este lunes a las 13.00.
Celebró una misa, compartió citas bíblicas y a su vez, hizo lectura de la postura de la Conferpar sobre el tratamiento judicial de la matanza ocurrida en Marina Cué en el 2012, en donde 11 campesinos y 6 policías fallecieron, mostrándose en contra del proceso que tiene como culpables a los campesinos.
Por medio de una carta, los religiosos piden justicia para los campesinos procesados por la masacre y aseguran mantenerse en vigilia hasta que se dé a conocer la sentencia. Acusan a la Fiscalía de actuar irregularmente y solicitan la absolución de los procesados.
“Ante las gravísimas irregularidades del proceso denunciadas por diversas organizaciones, personas notables, analistas y expertos juristas, según las cuales el proceso se ha mantenido parcial desde el inicio y en su desarrollo ha incurrido en intolerables omisiones, manipulación, ocultamiento de pruebas y argumentaciones no científicas, creemos que nos encontramos ante un punto de inflexión para la justicia paraguaya, desde la cual en adelante una condena sin pruebas podría ser aplicada a cualquier ciudadano ante la expectación indignada de la sociedad nacional e internacional”, dicta el comunicado oficial del gremio, leído por Luna ante los familiares de procesados.
El documento asegura que condenar a los campesinos sería “legalizar abiertamente la violación de los derechos de las personas a los ojos de todos, cosa que las dictaduras se cuidan de hacer en lo oculto”.
Sostienen que la absolución es “la única vía para evitar una injusticia manifiesta”, recordando a su vez frases mencionadas por el papa Francisco sobre el deber de la iglesia y de todos los creyentes.
Este lunes será dada a conocer la sentencia. Los fiscales pidieron para Rubén Villalba una pena de 30 años de cárcel más 10 años por medidas de seguridad y para Olmedo solicitaron 25 años.
De la misma forma, solicitan 20 años para Arnaldo Quintana y Néstor Castro porque fueron detenidos dentro del predio en desalojo, entre algunas de las penas solicitadas.
Alegaron también que el hecho ocurrió en Campos Morombí y no en Marina Cué, y que la supuesta inscripción del Estado de las tierras era nula.
