La senadora Lilian Samaniego trajo a colación que la fiscala Patricia Sánchez, a cargo del caso Hernán Rivas, comentó que recibió una amenaza de un senador (a través de una persona confiable), de que sería destituida de su cargo si recurría a la Corte para revertir el sobreseimiento de Hernán Rivas por su caso de supuesto título falso.
La legisladora recordó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dispuso el 9 de abril que abriría una investigación oficiosa el 7 de mayo acerca de la responsabilidad de la prescripción de la causa de producción del título, donde fiscales están en la mira.
La legisladora colorada sostiene que la Fiscalía ya recurrió sobre el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo dictamen es poco probable que se conozca antes del 7 de mayo, y en este sentido, le llama la atención que el JEM decida investigar justamente después de que la fiscala Patricia Sánchez denunciara haber sido amenazada con su destitución.
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“Del resultado de este proceso penal va a depender la validez de las resoluciones que fueron dictadas entre el 2020 y 2023, con votos de un miembro representante, primero como diputado y después como senador”, afirmó.
En ese sentido, considera que la investigación debe quedar a cargo del Poder Judicial y pidió explicaciones a su colega Mario Varela, actual representante de la Cámara Alta ante el JEM.
El rol del JEM
El senador Mario Varela, representante de la Cámara Alta ante el JEM, explicó que no es imperativo que se haga o se habilite una investigación preliminar ya en la próxima sesión del JEM.
“Esto puede tratarse o no, y también de acuerdo al criterio de los miembros que esto corresponde porque hay un recurso que la Fiscalía ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto, en la Sala Constitucional, si todavía no hay un pronunciamiento en la que podría ser inconducente y podría no tener un resultado sobre materia de investigación preliminar o enjuiciamiento”, expresó.
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No obstante, sostuvo que el JEM realizará el análisis jurídico correspondiente del caso con “la más absoluta objetividad”, en el marco de los procedimientos constitucionales y de la Ley 6814 que regula el funcionamiento del órgano.
En ese sentido, aclaró que no corresponde anticipar posturas ni atribuir posiciones a todos los integrantes del Jurado, ya que cada miembro deberá emitir su opinión de manera independiente sobre el caso.
“Nosotros vamos a hacer el análisis jurídico que corresponde y eso se va a actuar, en mi caso en particular, con la más absoluta objetividad. Y de ninguna manera vamos a, en mi caso, porque no puedo hacerme responsable de los demás miembros, deberán emitir ellos su opinión, nosotros vamos a respetar los procedimientos constitucionales, los procedimientos que establece la Ley 6814 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en esta materia”, expresó.
“Lo que sí debo aclarar en este momento, para no preopinar sobre el fondo de la cuestión, es que de ninguna manera eso significa que se tenga que resolver una investigación preliminar o un enjuiciamiento”, señaló el legislador.
