En los ámbitos académicos y científicos y en muchos sectores de la ciudadanía, solemos imaginar a los órganos colegiados —consejos, comisiones, juntas directivas, tribunales, asambleas— como espacios donde la pluralidad se encuentra, debate y decide. Pero la realidad, en muchas instituciones del Paraguay, muestra otra cara: la mayoría, lejos de ser un mecanismo de equilibrio democrático, puede convertirse en un instrumento de silenciamiento. Los escenarios mencionados se conciben como destinados a garantizar la deliberación democrática y el pluralismo, pero en la práctica a menudo ocurre todo lo contrario.
La advertencia no es nueva. Alexis de Tocqueville ya temía que la regla de la mayoría degenerara en una “tiranía de la mayoría” cuando el número se impone sobre la razón. Esa tensión sigue viva en nuestros colegiados, donde la democracia formal convive con prácticas que vacían de contenido la deliberación y reducen la participación minoritaria a un ritual sin impacto.
Mayorías que se imponen El problema no es la mayoría en sí, sino su absolutización. En demasiadas instituciones públicas se confunde democracia con mayoritarismo.
La diferencia es sustancial: la democracia deliberativa exige debate, escucha, transparencia y búsqueda del bien común; el mayoritarismo, en cambio, se limita a contar manos alzadas.
Cuando una facción utiliza su ventaja numérica para imponer decisiones ignorando argumentos técnicos o jurídicos y bloquear cualquier disenso, el órgano deja de ser democrático. Las decisiones técnicas son desplazadas por votaciones basadas en “lealtades”, especialmente en sectores como educación, salud o ciencia.
La captura institucional como norma
La captura institucional —cuando un grupo controla un órgano para promover intereses particulares— es un fenómeno ampliamente documentado en la región. Paraguay no escapa a esta tendencia.
Cuando una mayoría alineada con un sector domina un colegiado, este deja de razonar y pasa a funcionar como una escribanía: legitima decisiones tomadas fuera de la mesa.
La consecuencia es doble: se erosiona la idoneidad técnica y se debilita la autonomía institucional. La mayoría, en lugar de orientar, termina colonizando espacios que deberían regirse por criterios de mérito, evidencia y responsabilidad pública.
Efectos que deterioran la democracia La imposición mayoritaria tiene costos profundos: Deslegitimación interna: las minorías sienten que su presencia es decorativa.
La participación se vuelve “irrelevante”, lo que destruye la cohesión y la confianza. Pérdida de calidad técnica: la mayoría no siempre tiene razón, pero sí tiene votos. Cuando el criterio técnico es desplazado por intereses sectoriales, las decisiones se vuelven erráticas o directamente dañinas. Inestabilidad crónica: lo que una mayoría impone hoy, otra lo revierte mañana.
El resultado es un ciclo pendular que impide continuidad y aprendizaje institucional. La salida: más deliberación, racionalidad y sentido común La solución no pasa por debilitar a las mayorías, sino por obligarlas a deliberar con argumentos sólidos. Existen mecanismos concretos:
* Mayorías calificadas para decisiones sensibles.
* Transparencia radical: sesiones grabadas, abiertas, accesibles.
* Selección basada en idoneidad técnica, no en cuotas partidarias. Estos instrumentos no buscan frenar a las mayorías, sino recordarles que su legitimidad depende de respetar a las minorías y de sostener decisiones razonadas, no automáticas.
Un llamado urgente
La democracia en los órganos colegiados no puede reducirse a un conteo de votos. Cuando la mayoría se usa para anular el disenso, lo que emerge no es democracia, sino una forma fragmentada de autocracia.
La frontera entre consenso e imposición es delgada, y su vigilancia es indispensable para la salud de las instituciones.
* Luis Dávalos : Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia – España. Autor y editor de la serie de publicaciones ¨Ciencia en Paraguay¨. Director de la Revista Sociedad Científica del Paraguay. Consejero titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT
