Una definición del Estado aceptada sería que es una organización social, política y jurídica de un territorio determinado, soberana y con poder para regular la vida de su población a través de instituciones y leyes, con el fin último de garantizar el orden y el bien común. Aquí rescato varias palabras claves, como “soberana y con poder”, y la otra “con el fin último de garantizar el orden y el bien común”.
Partiendo de estas palabras, entendemos que el Estado puede hacer tanto el bien como el mal, porque la última frase de “garantizar el bien común” es en este caso una aspiración del Estado, porque se atribuye él mismo el rol de evaluar si lo que hace sirve para esto. Esto se puede entender con lo de ser soberano y con poder, ya que puede hacer uso de ambas atribuciones para causar beneficios así como perjuicios sobre los ciudadanos de un territorio.
El Estado se compone de poderes, entre los que está el Poder Ejecutivo en toda su extensión, que se define como el gobierno de turno. Ante esta realidad de que determinadas partes de un gobierno con esa soberanía y poder puede afectar las libertades y garantías, tanto de individuos como de empresas, forma parte de la realidad de un país.
La historia demuestra, por lo menos en nuestro país, que es imposible defenderse de una acción del gobierno que sea injusta, o sobredimensionada, o mismo intencionada para conseguir desequilibrar el imperio de la justicia e igualdad para todos, conceptos plasmados en un signo patrio como la bandera del Paraguay. Lo que ocurre, y lo hemos visto en el transitar de varios gobiernos, es que cuando el Estado, a través de un gobierno en ejercicio, ejerce su poder totalmente desproporcionadamente al objeto de la falta, y provoca un perjuicio, ataca el factor más relevante en nuestra bandera, que es la paz y la sostenibilidad de las fuentes de trabajo legales.
Un individuo, una empresa, un inversor, un emprendedor quiere paz para poder trabajar, para poder arriesgar muchas cosas, para darle a su socio el Estado el impuesto para el desarrollo del país. Esta paz solo se altera si el actor –que debe poner primero las normas, decretos y leyes sobre su actuar– no actúa incorporando la ética de su aplicación, así como la sabiduría en propiciar acciones que busquen mejorar y perfeccionar un sistema.
Me siento comprometido a exponer que hoy estamos ante una realidad que ha adquirido un rol de agresividad reiterada desde el Estado sobre el desarrollo de los negocios y de los emprendimientos, que es difícil de explicar en una agenda de un Paraguay abierto a las inversiones. Y lo más difícil de justificar es que cuando el mismo gobierno no cumple con sus obligaciones, que son exigidas en sus contratos, ya que no existe ni un atisbo de compensación por el daño que causa ni vemos reconocimientos de una desacertada intervención en forma pública, la discrecionalidad de la intensidad de la sanción está al arbitrio del funcionario de turno, y esto sí es algo de preocupar para los ciudadanos.
Lo que expongo es que la sanción y la compensación no debe ser desproporcionada con el objeto de la infracción. Y si reglamentamos desproporcionadamente hay que tener la valentía y la ética de revisar estas medidas públicamente. Cualquier abuso o accionar coercitivo son fuentes de espacios de extorsión a un ciudadano que trabaja día a día. Y por otro lado, no se pueden aplicar interpretaciones de sanciones de acuerdo con la cara o el nivel de amistad del infractor con el poder de turno. Debe primar la neutralidad. Reclamo la ética, reclamo la búsqueda de un país con paz y previsibilidad ante una falla, donde cualquiera que trabaja de sol a sol sabe que puede fallar y la falla sirve para mejorar, no para que maten la empresa.
Ser parte de este proceso de mejora o de destrucción por una equivocada forma de administrar el poder es lo que pongo en contexto en esta columna. ¿Que la ley debe cumplirse? Absolutamente sí, pero aquí exijo como ciudadano que al ver tantos atropellos en la dimensión de la aplicación de la ley, o en muchos casos peor –de un decreto reglamentario–, se ponga un filtro usando un marco ético que permita hacer uso de la reflexión racional para determinar qué es correcto y qué es un abuso de poder.
Entender que el microempresario es el socio del Estado, que el productor agropecuario es vital para la creación de riqueza, que las empresas grandes son grandes fuentes de dignidad de personas. El Gobierno que busca el “bien común” debe incluir en esta palabra a los que generan sus recursos, que son todas las empresas de este país, porque desde las pequeñas empresas hasta las más grandes, sufren esta prepotencia de determinados funcionarios, que es constante ante la falta de ética en sus acciones. Cuiden a las empresas, porque esta es la verdadera riqueza del Paraguay.
