Los negocios privados y los del Estado –incluyendo entre los primeros a aquellos realizados por algunos hombres públicos que trabajan para enriquecerse personalmente, en el límite de la puerta giratoria dentro del Gobierno–, ambos, tienen velocidades diferentes. Mientras que los primeros crecen 6 por ciento en el producto (a pesar del Estado) con la innovación empresarial (Fintech, BPO de las maquilas, telecomunicaciones, IA con sistemas digitales, reexportaciones de frontera al Brasil, retail de marcas que venden gracias a Milei a turistas argentinos, agricultura de precisión y genética animal, etc.) y a pesar de la pésima infraestructura física y social proveída por los segundos, la cantidad y la calidad de bienes públicos generados por el Gobierno es lenta y deprimente. Basta deambular por las calles y avenidas totalmente destruidas de las ciudades paraguayas, tolerar la mafia de los pagarés y la impunidad en el sistema de Justicia, vivir el miedo de la inseguridad física en forma permanente (secuestros, robos y asaltos), escuchar cómo opera el narcotráfico en todo el territorio nacional, soportar los cortes de energía y agua corriente que recientemente apagaron el país y sufrir los pésimos servicios de salud y educación pública con la vuelta a clases que comienza entre fines de febrero e inicios de marzo del 2026.
Una primera evidencia numérica: Mientras que el sector privado hizo su parte impulsando un crecimiento real del 6 por ciento del PIB en el 2025, aunque sin efecto derrame por problemas estructurales; sin embargo, con este crecimiento importante más una inflación del 3,1 por ciento, el sector público tuvo un crecimiento real nulo del cero por ciento en sus recaudaciones, que nominalmente se incrementaron apenas en 8,5 por ciento en el 2025. Hay problemas de gestión, de credibilidad y confianza en los gestores públicos y, probablemente, también de evasión y corrupción, además de la escasa y regresiva estructura impositiva que con las actuales tasas ya no rinden lo suficiente como para satisfacer las políticas públicas de segunda generación. Ni hablar de la (mala) calidad del gasto, lo que conspira contra la voluntad ciudadana para pagar más impuestos. Siendo así, los problemas de pagos del Gobierno a proveedores locales y el incremento de la deuda soberana del Estado paraguayo se acumulan de manera preocupante.
Una segunda evidencia numérica: Las deudas operativas del Gobierno actual que no se consideran en el déficit fiscal, mediante artimañas en los registros contables de las instituciones públicas, según los empresarios proveedores del Estado, ascienden a 814 millones de dólares a las empresas de remedios, 75 millones de dólares pendientes de pago a las empresas del Hambre Cero (a pesar del pago reciente de 33 millones de dólares) y alrededor de 250 millones de dólares morosos de las constructoras que trabajan con el MOPC, más 110 millones de dólares de intereses bancarios por los descuentos de facturas en el sistema financiero (según Paul Sarubbi en declaraciones posteriores a la reunión con la ministra Centurión del MOPC en la semana pasada, decepcionado con los resultados). Total, 1.249 millones de dólares aproximadamente, que son las deudas (conocidas) que fueron reclamadas en la semana pasada por los empresarios que trabajan con el Estado. Esto, sin contar con los otros compromisos superdemorados en sus pagos a proveedores menores que trabajan como talleres de reparación de vehículos estatales, insumos, repuestos y proveedores menores mipymes del Hambre Cero, etcétera.
El Ing. Sarubbi de Cavialpa se reunió con la titular del MOPC en la semana pasada y al salir de la reunión dijo que las necesidades 2026 para las constructoras serían de más de 1.000 millones de dólares, considerando 750 millones de dólares de obras en curso, más los 250 millones y 110 millones de dólares citados más arriba, deuda e intereses arrastrados en algunos casos de más de un año. Según este empresario el “resurgir del gigante” tiene una situación “insostenible y asfixiante” en su inversión endógena, ya que todos los días reciben reportes de obras detenidas, proveedores impagos y empresas que no pueden cubrir costos básicos, lo que genera un impacto directo en miles de personas, sin respuesta financiera del MOPC y del MEF, lo que constituye ya una crisis social para las familias relacionadas con el sector vialero. Lo que causa extrañeza es la posición “ahora” crítica de Cavialpa, siendo que este es un grupo empresarial históricamente privilegiado del “crony capitalism” paraguayo –incluso por encima de la Capaco, con la que raras veces comparte los reclamos– beneficiado preferentemente por los presupuestos nacionales, que siempre, también, apoyó al oficialismo, sean quienes fueren los políticos de turno. Algo anda mal.
La asfixia financiera alrededor del Estado, referida por el empresariado, se refleja también en el imparable nivel del endeudamiento público del Paraguay que, también, en la semana pasada, bien movida, emitió el equivalente a 1.000 millones de dólares en guaraníes en bonos soberanos con vencimiento al 2038, más 300 millones en dólares con vencimiento al 2055, ambos de uso discrecional, total de 1.300 millones de dólares en el mercado internacional, exitosamente, en las palabras de las autoridades económicas del Estado.
Esto significa una tercera evidencia numérica: La emisión citada, bien a inicios del 2026, año con las cuentas públicas desfinanciadas, eleva la deuda pública total del Paraguay a 21,4 en miles de millones de dólares alcanzando una relación deuda producto de prácticamente 43 por ciento. Desde el 2014, doce años atrás, la deuda se multiplicó por más de 4 veces, sin grandes cambios en términos de mitigación del enorme déficit infraestructural del país que sumaría más de 35 mil millones de dólares que son necesarios en inversiones físicas en energía, agua y saneamiento, salud, educación, rutas, habitación social, etc. Es decir, el endeudamiento creciente es en gran medida para el roll-over de pasivos soberanos con vencimientos inminentes y para gastos operativos del Gobierno, prácticamente sin inversión. Veamos esta última emisión. De los mil millones de dólares emitidos en guaraníes, alrededor de 339 millones es para “administración de pasivos” llevando deudas de corto plazo (que son pagadas con nueva deuda) hacia el 2038, es decir, pura bicicleta, tal como acostumbran a hacer los soberanos; luego, el resto, alrededor de 661 millones de dólares serán utilizados para el “financiamiento del Presupuesto”, uso discrecional, tal como es la naturaleza de los bonos soberanos, ojalá haya inversiones en esto. O quizá vaya todo a gastos operativos que no son cubiertos con recaudaciones. Lo que queda claro es que el déficit fiscal (hoy ficticio del 2%, que se calcula será del 1,5 por ciento del PIB para finales del 2026) será financiado totalmente con deudas en moneda nacional. Eso es recomendable. Además, hay una mejora en los porcentajes de deuda en moneda local y en las tasas de los bonos. El guaraní pesó más en estas operaciones versus divisas internacionales y con la última emisión de la semana pasada dentro de la deuda pública paraguaya la moneda nacional alcanza un 22 por ciento y el resto en dólares.
El slogan “no hay plata” es acuciante para el Gobierno. Se nota demasiado. Quizá la voracidad de los correligionarios, más aún en año electoral, no está permitiendo mejorar la calidad y la cantidad del gasto, lo que conspira contra el equilibrio financiero. El dilema de qué hacer con la Caja Fiscal que necesita más aportes del Estado con recursos impositivos, que ya no existen, para financiar el déficit versus aplicar una medida paliativa, pero insuficiente, a una masa de clientes políticos que amenazan con el voto contra en las próximas elecciones, es una muestra de cuán mal está la situación. Otra muestra representativa de que esto no da más es la invención del sistema “Anticipa” que lanzó el Gobierno para que el sistema financiero se inscriba en el mismo de modo a anticipar el pago de facturas a las mipymes (con descuentos), en especial para los proveedores menores de las grandes fábricas de comida del programa Hambre Cero, también con problemas en la morosidad de parte del Estado. Es un sistema digital de factoring para que, desde marzo, dicen, las mipymes carguen facturas y cheques pre-datados recibidos, de modo a que bancos inscriptos en el sistema las paguen con una tasa de descuento. Es un sistema similar al que ya existía, al cual ahora reclaman una mejor reglamentación normativa, para las empresas vialeras del MOPC que descontaban facturas en los bancos con una tasa de interés que ahora el MEF querría desconocer, según quejas de los constructores. En fin. Hendy kavaju resa.
Por último, una evidencia final del “resurgir desfinanciado del gigante” que ya sería mortal. Desde el 2026 el MEF prohibió a la salud pública del Paraguay toda compra de remedios e insumos sin que exista un Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDF), previo, dentro del sistema. Esto bloquea toda compra de urgencia o planificada que era realizada cuando el stock de productos para la salud comenzaban a faltar, o que, seguramente, en el ambiente de corrupción que caracteriza al Gobierno, cuando algunos avivados del Ministerio de Salud u otras instituciones compraban de más o compraban y aceptaban recibir facturas por medicamentos no entregados, cualquier cosa pudo haber pasado, de un modo tal que el ministro del MEF dijo en una ocasión que él dudaba de la deuda del Estado con proveedoras de medicamentos, en todo. Ojo con esto. Ahora les puso un cerrojo que puede causar muertes por falta de insumos, equipos y remedios en tiempo y forma. No todo es culpa del MEF. No todo es culpa del MSPyBS. Los ministros dudan entre sí en cuanto a gestión (se lo dijo en cara CFV a la ministra del MOPC) y se lo dijo también en la cara a la ministra de Salud cuando expresó sus dudas sobre la re-acumulación de deudas a fines del 2025 de alrededor de 600 millones de dólares con farmacéuticas, insinuando posibles irregularidades o proveedores privilegiados. En esto felicito al Dr. CFV. Es para dudar.
Cuídense, ciudadanos paraguayos. La corrupción pública y privada nos introdujo en una fase de “necropolítica”. Y la crisis de financiamiento está por matar empresas, dicen los constructores. Lo mismo puede pasar con las personas, dicen los médicos de los hospitales nacionales (como la Dra. Garay y el Dr. Morínigo). El régimen está eligiendo quiénes van a vivir –quiénes van a “estar mejor”, cumpliendo su promesa de campaña (tanto en lo empresarial como en lo individual)– y está eligiendo quiénes van a tener que morir. Dos destinos en dos velocidades. ¡Saludos cordiales!
