Vicente Bataglia se presentó este jueves ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, para su audiencia de imposición de medidas por el caso de los quirófanos modulares en el Hospital Central del IPS, causa que investiga un perjuicio de G. 61.000 millones. La Fiscalía lo imputó por lesión de confianza y solicitó su prisión preventiva.
Antes de ingresar al juzgado, se le consultó sobre la legalidad de su retorno al país. Tras un inicial “sin comentarios”, el titular de la previsional respondió en un momento que fue “absolutamente” regular.
Sin embargo, al ser repreguntado sobre si realizó los trámites migratorios correspondientes o si ingresó por vía terrestre o aérea, volvió a llamarse al silencio.
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Tampoco quiso emitir declaraciones sobre el proceso judicial ni dejar un mensaje a los asegurados: “Sin comentarios. No sé. No tengo responsabilidad”, afirmó seguidamente, limitándose solo a recalcar que su gestión fue “absolutamente transparente”.
El abogado Arturo Daniel, representante de Bataglia, explicó que los detalles del ingreso de su cliente se mantienen ocultos “porque primero vamos a hacer la audiencia y los defensores vamos a exponer todo lo que tenemos que exponer y luego vamos a hablar con todos ustedes.
“Vamos a explicar después. Todos los paraguayos ingresan de forma regular al país. Todos los paraguayos se mueven libremente en el territorio nacional con orden de detención o no. De todas maneras, el doctor Vicente Bataglia está acá”, agregó.
Para Daniel, lo relevante es que Bataglia volvió al país a pesar de tener un proceso penal y no si fue regular o no.
“A ustedes les parece que soy el Departamento de Migraciones. ¿No les parece que deben consultar al departamento de Migraciones? Y si migraciones consideraba que el ingreso del doctor Bataglia era irregular, creo que no estaría libre aquí con nosotros en esta audiencia”, sentenció.
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“Yo soy abogado. No soy medio de transporte, policía, agente de migraciones, agente aeroportuario, no soy control fronterizo”, ironizó.
Bataglia también llegó acompañado de Victoria Acuña, ex polémica fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción.
La Fiscalía sindica a Bataglia como uno de los autores de un millonario perjuicio patrimonial a la previsional cuando se desempeñaba como titular. Estuvo al frente del IPS del 11 de marzo de 2021 y renunció al cargo en agosto de 2023.
La investigación penal se centra en una licitación adjudicada en el 2020 a la empresa Neighpart SAECA, que firmó contrato con el IPS por un monto de G. 53.000 millones para la provisión de equipos para la instalación de quirófanos modulares en el séptimo piso del Hospital Central del IPS.
Con Bataglia, como presidente, se firmó la primera adenda para brindar más plazo de entrega a la empresa y desembolsos de pagos, pese al incumplimiento del contrato.