Durante años, la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) ha operado con relativa calma, sin sobresaltos significativos. Salvo excepciones de casos puntuales de Rieder & Cia. SACI y ElectroFácil (ex Wisdom Product SAECA), no hemos tenido grandes crisis de crédito. El primero atravesó reestructuración de deuda bursátil y bancaria a través de un acuerdo homologado por los bonistas, el segundo, en cambio, implicó un grave fraude estimado en USD 30 millones, acusaciones de lavado y creación de créditos falsos, allanamientos, un prolongado proceso judicial y pérdidas para los bonistas.
Ahora bien, el 27 de mayo de 2025, el entonces intendente de Asunción, Óscar Nenecho Andrés Rodríguez, notificó oficialmente a la BVA y la Superintendencia de Valores (SIV) el incumplimiento en el pago de intereses correspondiente a esa fecha, solicitando un diferimiento de 20 a 30 días corridos, implicando devengamiento de intereses moratorios. En consecuencia, las calificadoras Solventa & Riskmétrica anunciaron que los Programas de Emisión Global de la Municipalidad –G5, G6, G7, G8 y G9– se encuentran “En Observación”.
En este contexto, más el reciente anuncio de intervención de la Municipalidad de Asunción, marca un antes y un después en la historia de los bonos de la BVA. Sin embargo, el mercado no ha reaccionado con pánico. Parafraseando el álbum de la banda Supertramp, el mercado dice, “¿Crisis? ¿Qué crisis?”: Se trata, sin lugar a duda, de un caso de gran magnitud, por el volumen involucrado y por el precedente institucional que podría sentar para el país como emisor de deuda. Lo que está en juego va más allá de un incumplimiento municipal: puede comprometer la confianza de inversores extranjeros y nacionales en el marco normativo de la BVA.
La magnitud de la deuda municipal es considerable. Según un informe publicado por la ‘Unidad de Finanzas’ del ente, la deuda total sería de unos G. 1.873 mil millones (USD 240 millones). Conformado por deuda con bancos por G. 119.188 millones (más de USD 25 millones) y deuda por emisión de bonos aproximadamente G. 1.674 mil millones (USD 214,7 millones) entre capital e intereses.
Conviene detenernos en un concepto clave: el del crédito cuasi soberano. En términos simples, se trata de una deuda emitida por una entidad que, si bien no forma parte directamente del Gobierno central, se beneficia de una percepción de respaldo estatal. Es decir, los inversores asumen –implícitamente– que si la Municipalidad no puede pagar, la nación acudirá en su auxilio. Esa percepción puede estar basada en vínculos jurídicos, institucionales o simplemente políticos.
En América Latina, es común que municipios, empresas públicas, bancos de desarrollo o incluso fideicomisos ligados al Estado sean tratados como emisores cuasi soberanos. Esto les permite acceder a mejores condiciones de financiamiento que otros actores privados, precisamente porque se considera que su riesgo de impago está asociado al riesgo soberano. Pero esa percepción es frágil. Y cuando se rompe, los efectos son duraderos.
Este episodio podría tener implicancias más amplias para otras municipalidades que han emitido deuda en el mercado –Fernando de la Mora, Villa Elisa y Villa Hayes– podrían ver afectada la percepción de riesgo de sus emisiones en el mercado secundario. El miedo del inversor es una amenaza real. ¿Estamos preparados para evaluar y asumir el riesgo crediticio subnacional sin respaldo estatal? ¿Habrá ajustes en las condiciones futuras de financiamiento para gobiernos locales? Lo que ocurra en las próximas semanas sentará un precedente clave. Veremos.
