El 24 de abril de 2024, intensas lluvias provocaron un raudal en Luque que produjo la muerte de dos mujeres, madre e hija, arrastradas por la rápida e intensa inundación que además perjudicó a más de 1.000 familias en Limpio que vieron, impotentes, sus hogares arrasados por las aguas.
Entre estos dos eventos transcurrieron seis meses; y un semestre es tiempo suficiente para que las autoridades tanto del Gobierno central como de las municipales de Asunción y su área metropolitana, así como también las del Departamento central, realizaran evaluaciones de sus zonas de mayor riesgo y tomaran medidas al respecto.
Debemos decir que estas muertes son el resultado directo de la desidia de las autoridades y de su mala gestión.
A estas personas no las mató la “inclemencia del tiempo”, como afirmo en una torpe excusa el presidente de la República, a estas cuatro personas las mató un Estado ausente y las inoperantes e incompetentes autoridades municipales.
Después de la tragedia sucedida en Lambaré, el intendente de esta ciudad había explicado que todas las aguas desembocan en el arroyo Lambaré desde calles y avenidas lo que forma el incontenible raudal que arrastra todo a su paso y que si bien cuentan con un mapeo con los puntos más críticos, afirmó categóricamente que el “100% de Lambaré es zona roja”. Es bueno que el intendente maneje ese tipo de información, el problema es que debe hacer algo con ella. Si el Municipio carece de recursos es su trabajo exigir la ayuda del Gobierno central, y si no lo escuchan, debería denunciarlo.
Un poco de lo mismo sucede en Limpio, otra ciudad golpeada por el temporal. El intendente, Optaciano Gómez Verlangieri, señaló que el Municipio cuenta con un equipo de riesgo que trabaja con las asistencias, pero respecto a las obras de desagüe pluvial y canalización que claman los pobladores, no cuentan con la capacidad para dichas obras, que el Ministerio de Obras Públicas debe concretar la obra para atenuar la inundación del Itay.
Mientras los intendentes no resuelven los problemas y solamente acuden a conferencias de prensa para recitar excusas de falta de recursos y trasladan las culpas a las anteriores administraciones, paraguayos y paraguayas seguirán siendo víctimas de un Estado ausente. Un Estado que tiene instituciones a las que el bienestar y la seguridad de los ciudadanos les resulta indiferente, pues es más que evidente que los municipios no tienen los recursos para emprender obras de la envergadura que requieren los desagües pluviales y resolver la falta de planificación que ha llevado al crecimiento desordenado de las ciudades que han alterado cursos de arroyos y depredado los bosques urbanos.
Una mención especial se merece nuestra Justicia porque muchas veces decide mirar hacia otro lado y deja pasar casos graves de corruptelas con el dinero público en obras mal ejecutadas o sobrefacturadas que luego son la trampa mortal para los vecinos. Cada vecino que muere en un raudal es víctima de la angurria de nuestros políticos y la Justicia es cómplice por la impunidad de los administradores que nunca pagan por su mala gestión.
Todas las autoridades, del Gobierno central, municipal, jueces y fiscales deben reflexionar sobre el grave cambio climático que estamos sufriendo, y que un día sumado a las obras que por desidia no se realizan, un raudal podría afectar a sus propias familias porque todos estamos expuestos a la criminal incompetencia.
