El Tribunal internacional reveló que sesionará en Barranquilla del 26 al 30 de agosto, teniendo como sede la Universidad del Norte de en esa ciudad, mientras que llevará a cabo otras actividades jurisdiccionales en Bogotá del 2 al 6 de septiembre.
La Corte realizará el día 26 de agosto el acto de inauguración en el Coliseo de la Universidad del Norte, el cual contará con la presencia del presidente Colombia, Iván Duque, del presidente de la CorteIDH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y del rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel.
Como parte del evento será impartido el seminario internacional “El papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la garantía de los derechos humanos en el Hemisferio”, un acto de acceso libre al público.
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Posteriormente el día 27 de agosto, los jueces verán el caso Rojas Marín contra Perú, que se relaciona con la alegada privación de libertad ilegal, arbitraria y discriminatoria de Azul Rojas Marín, quien fue privada de su libertad el 25 de febrero de 2008, supuestamente con fines de identificación.
Se alega que, aunque la posibilidad de retención con fines de identificación se encontraba prevista en la legislación peruana en ciertas circunstancias, esta norma imponía requisitos que no habrían sido cumplidos en el caso.
El día 28 de agosto el Tribunal internacional recibirá el caso Noguera contra Paraguay, que se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado de Paraguay por la alegada muerte de Vicente Ariel Noguera el 11 de enero de 1996, recluta de 17 años que prestaba el servicio militar.
La demanda indica que el Estado paraguayo no ofreció una explicación satisfactoria por la muerte del adolescente que se encontraba bajo su custodia, mientras que los indicios apuntan a que el fallecimiento se dio como consecuencia del sometimiento de la víctima a ejercicios físicos excesivos como una forma de castigo ordenada por sus superiores.
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La última audiencia pública será el caso Montesinos Mejía contra Ecuador que se trata de aparente detención ilegal y arbitraria de Mario Montesinos Mejía por parte de agentes policiales en 1992, los presuntos actos de tortura en su contra, así como la alegada falta de garantías judiciales en los procesos penales que se le siguieron.
La demanda explica que su detención se habría realizado sin boleta de detención y sin que se encontrara en una situación de flagrancia conforme a la legislación interna. Asimismo, sostiene que la detención preventiva de, por lo menos seis años, se habría extendido de manera irrazonable y sin justificación convencional alguna.
