La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió suspender, como primera medida, los efectos de la Ley 6355, que obligaba a las empresas proveedoras del Estado, también a directivos y propietarios de las firmas, a presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas.
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La aplicación de la ley fue suspendida hasta tanto la Corte resuelva las acciones de inconstitucionalidad planteadas, que suman unas 70, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
El Congreso Nacional había sancionado en agosto del año pasado la Ley 6355, que modifica varios artículos de la Ley 5033/13, la cual reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos pasivos de los funcionarios públicos.
El directivo de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) Jorge Pappalardo había manifestado que “la ley es absolutamente inconstitucional desde donde se la mire, porque nosotros no somos funcionarios públicos y, esto, en vez de transparentar más va a trabar todos los procesos con el Estado”.
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En ese sentido, los gremios empresariales alertaron que la vigencia de la Ley 6355/19 estaba generando una grave crisis legal, por lo que pedían que se postergue su aplicación por 180 días.
Asimismo, el asesor legal de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Miguel Aranda, había señalado que la normativa era inviable y que tenía defectos importantes, ya que no se tuvo en cuenta cuántas empresas quedarían afectadas.
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Entre tanto, los críticos de la ley sostienen que la propia Constitución Nacional solo contempla que los funcionarios públicos presenten todo lo referente a su patrimonio.
