La auditoría es en la causa en la que el juez Penal de Garantías de Coronel Oviedo, Carlos Raúl Zelaya Mendoza, concedió la prisión domiciliaria a César Rafael González, quien se encontraba privado de libertad por supuestos hechos punibles de gran relevancia.
Las publicaciones en medios de comunicación daban cuenta de “la liberación de un supuesto jefe de piratas del asfalto que guardaba reclusión en una cárcel de máxima seguridad”.
Ante esto, por resolución firmada por el presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, se ordenó la realización de una auditoría de reacción inmediata a la causa penal correspondiente.
La auditoría fue dispuesta en virtud al artículo 4° de la Ley 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia” y al artículo 3º de la Acordada Nº 478/07. Se remitieron los antecedentes a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional con previo registro en la Oficina de Quejas y Denuncias.
La publicación se había hecho eco de las quejas de los fiscales Alejandro Cardozo y Christian Ortiz sobre el caso.
