15 oct. 2024

Corporativismo prima sobre la transparencia en municipios

El caso del actual escándalo político y financiero que involucra al intendente de Asunción no es el único, pero, lamentablemente, tiene todas las características de encaminarse al mismo estilo de resolución: La impunidad. Mientras, la ciudadanía debe vivir sin servicios eficientes y en ambientes peligrosos. La mayoría colorada en la Cámara de Diputados aplica disciplinadamente sus votos para salvar a intendentes de todo el país, sin considerar el daño que hayan podido causar a las personas y las instituciones, por mero corporativismo.

Resulta desconcertante observar el nivel de degradación al que se ha llegado en Asunción, pues ya no caben dudas de la falta de capacidad para la gestión del Municipio, como tampoco se puede ya ignorar la grave situación financiera que atraviesa la Comuna.

Ahora que voces airadas reclaman intervención, y otras piden la renuncia de Óscar Nenecho Rodríguez, es momento de señalar a los muchos cómplices y encubridores que han permitido que las condiciones lleguen al actual nivel de crisis.

Uno de ellos –y en primer lugar– es el Legislativo municipal. Es bien sabido, por las crónicas periodísticas, que en la Junta Municipal de Asunción funciona una verdadera aplanadora, que en el último año ha aprobado reiteradamente nuevos endeudamientos que no solamente lograron apenas cubrir los déficits temporalmente, sino que además ayudaron a engrosar aún más la deuda de la Municipalidad. Estos representantes de los vecinos de Asunción no dudaron incluso en seguir aprobando más deudas más todavía después de hacerse público el rotundo informe de la Contraloría.

La Contraloría General de la República había emitido un dictamen, después de haber revisado documentos de la Municipalidad de Asunción sobre el manejo de fondos de emisiones de bonos, específicamente del G8 y G9. Tras el análisis de dichos documentos, saltaron las irregularidades en el manejo del dinero que debía ser destinado a obras, pero que fueron destinados a gastos corrientes, sin tener documentaciones que respaldaran la decisión. Los funcionarios de la Contraloría tampoco recibieron la información requerida al Municipio.

Después del contundente informe de la Contraloría sorpresivamente y tras cuatro largos años, un juez imputó al intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, y a otras 21 personas, funcionarios y representantes de proveedoras involucradas en el caso detergentes de oro. Para los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, no caben dudas de que el intendente de Asunción es la cabeza de la estructura que simuló compras de detergentes y desinfectantes utilizando fondos de emergencia en el marco del Covid-19.

Nada de esto, sin embargo, va a pesar en el momento en el que la mayoría colorada deba votar para salvar no solo la cabeza de Nenecho, sino las posibilidades electorales del Partido Colorado en las próximas elecciones municipales de 2026.

El problema no son las reglas de la democracia, sino las personas que históricamente han torcido y presionado sobre este sistema para obtener sus beneficios. El electoralismo se alza como lo más importante por encima incluso de los intereses ciudadanos; no importa lo que haya hecho el correligionario intendente, porque a él se lo defiende sin importar reclamos y derechos de los vecinos.

A la dirigencia partidaria que salva a intendentes sospechados de corruptos no le mortifica que los ciudadanos deban vivir rodeados de basura, en ambientes inseguros y contaminados, que deban transitar por calles y avenidas oscuras y sembradas de baches; no le importan los raudales sin solución porque habiendo dinero para el desagüe pluvial, nadie los construye. Tampoco importa que los niños no tengan la posibilidad de jugar en plazas públicas seguras en sus barrios porque una seccional colorada es mucho más importante, y tampoco es relevante para esta clase política que los cauces hídricos de la capital y área metropolitana se encuentren colmatados de residuos tóxicos contaminantes.

Porque el verdadero infortunio del Paraguay reside en su clase política que ha impuesto el clientelismo, la mediocridad y reforzado el corporativismo cómplice que asegura la impunidad de los corruptos.

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