Un ex vicepresidente de la República cumplió 80 años sin poder celebrarlo con su familia, pues permanece secuestrado desde hace seis años. Al mismo tiempo, un joven productor habría sido privado de su libertad por miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo; a estos se suman otros dos largos secuestros. La creación de la Fuerza de Tarea Conjunta no ha traído la solución y, con la decisión de liberar los territorios de intervención militar, hoy es posible cuestionar si el Gobierno esté acertando en las medidas adecuadas para dar seguridad a la población.
Mientras prosiguen sin éxito los trabajos de búsqueda en el marco de la desaparición de un productor en Canindeyú, el Gobierno de Santiago Peña, a través de un decreto, decidió ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y extender la militarización por el territorio.
Esta medida fue cuestionada con vehemencia por expertos en constitucionalismo, criminología y derechos humanos. Se ha calificado la medida como de doble filo, ya que existe un conflicto constitucional y legal; asimismo, se señala que el crimen organizado no se combate con torcer la Constitución, dotando de más prerrogativas a los militares y permitiendo su intervención en la seguridad interna, lo que corresponde a la Policía. Se ha subrayado que es un riesgo para la democracia al subvertir el orden y el mandato constitucional de una separación de tareas policiales y tareas militares.
Recordemos la creación de la FTC al iniciarse el gobierno de Horacio Cartes en 2013, con el objetivo de combatir a grupos armados en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Una fuerza compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas. La presencia de los militares y policías en la zona le ha costado millones de dólares al erario público, no ha aportado la solución, ha recibido múltiples críticas, especialmente por parte de las comunidades de la zona, y elogios de sectores que defienden la gestión de la FTC y su continuidad, como propietarios de grandes estancias en la zona y gremios empresariales. Se debe mencionar una grave denuncia sobre el presunto secuestro por parte de la FTC de una niña, Lichita, de 14 años, hija de Carmen Villalba, líder del EPP.
El Estado paraguayo mantiene una deuda con tres personas secuestradas hace años, y sosteniendo una estructura como la FTC, sin haber dado respuestas ni a las familias de los secuestrados ni a la ciudadanía.
El suboficial Edelio Morínigo Florenciano fue secuestrado por integrantes del denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en una zona boscosa de la estancia Macchi Cué, ubicada en Arroyito, en el Departamento de Concepción. El joven se encontraba de caza con un grupo de amigos cuando los tomaron de rehenes, para luego liberarlos a todos menos a Edelio. El secuestro sucedió el 5 de julio de 2014, hace exactamente 12 años, 4.259 días. El de Edelio Morínigo es el secuestro más largo en la historia de nuestro país.
A Edelio le siguen el ganadero Félix Urbieta, retenido desde el 12 de octubre de 2016, por miembros del Ejército del Mariscal López (EML) en la estancia Dos Hermanas en Concepción, y Óscar Denis, secuestrado el 9 de setiembre del 2020 en el inmueble de su establecimiento ganadero Tranquerita, en Amambay. Sobre ellos, ni el Ejército del Pueblo Paraguayo ni el Ejército del Mariscal López ni la Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo (ACA-EP) han dado información alguna, condenando de esta manera a sus familias a permanecer en la dura incertidumbre.
El ex vicepresidente de la República Óscar Denis ha cumplido 80 años recientemente, y en el marco de este aniversario sus familiares reiteraron su pedido de verdad, justicia y continuidad en la búsqueda, advirtiendo del peligro de que el silencio y el paso del tiempo naturalicen el secuestro.
En todos estos años, no ha sido solamente el EPP con sus varias ramificaciones el que ha infringido dolor a las comunidades del Norte, también el Estado, a través de la mala gestión de sus organismos, es responsable del sufrimiento, la incertidumbre y la inseguridad en que deben vivir miles de familias paraguayas.
