10 sept 2026

Convocan a protesta y exigen que Congreso trate proyecto de tarifa social

Para este jueves a las 10:00, frente a la ANDE, se convoca una manifestación para exigir que sea aprobada en el Poder Legislativo la iniciativa popular que busca ampliar la tarifa social de energía eléctrica.

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Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Foto: Archivo ÚH

Las campañas “Itaipú Causa Nacional”, “Itaipú es también Soberanía” del Partido Paraguay Pyahurã (PPP), “ANDE Pueblo Mba’e”, el Movimiento Campesino Paraguayo y la Coordinadora de Adultos Mayores y Familia convocan a toda la ciudadanía a una manifestación frente a los locales de la ANDE de todo el país para exigir soberanía hidroeléctrica.

“Aprobación ya de la ampliación de la tarifa social y la energía como un derecho humano, que desde el 2 de abril de 2025 se encuentra esperando, con más de 48.000 firmas por iniciativa popular, su tratamiento y aprobación”, reza una de las consignas principales de la protesta expresada en la convocatoria.

La movilización también señalará su profundo rechazo a los cortes de energía a las familias humildes de Paraguay. La convocatoria en Asunción es frente al local de la Administración Nacional de Energía Eléctrica (ANDE), sede central, en las calles España y Padre Cardozo, así como también llaman a protestar frente a las oficinas regionales de todo el país.

Otra indignación incluida por estos grupos para dicha jornada de reclamo es la promoción por parte del Gobierno Nacional de otorgar tarifas preferenciales de costo de energía eléctrica a empresas que no generan empleo. “Basta de tarifas regaladas para electrointensivas de criptominería, base de datos de inteligencia artificial e hidrógeno”, cuestionan.

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Iniciativa popular
La iniciativa popular para ampliación de la tarifa social juntó más de 48.000 firmas y, tras ser aprobada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), fue remitida a la Cámara de Senadores, donde permanece sin avances desde abril de 2025. El documento fue derivado a nueve comisiones, de las cuales solo trató y aprobó la de Pueblos Indígenas.

Para los colectivos citados, este cajoneamiento es producto del dominio cartista en el Poder Legislativo. En ese sentido denuncian que se está violando un rango constitucional que exige el pronto tratamiento de una iniciativa popular, pero que además es un alzamiento en contra del derecho constitucional a una vivienda digna, la cual debe recibir servicio de electricidad que esté al alcance de la población.

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Desde el lado del Ejecutivo condenan el “entreguismo” del presidente de la República, Santiago Peña, a favor de empresas transnacionales, que consideran que no generan empleo y consumen grandes cantidades de energía con tarifas regaladas.

Explican que la ANDE les vende energía a 44,3 USD/MWh en 220 kV, en tanto que el precio de exportación al Brasil es de 50,0 USD/MWh, según una tarifa “garantizada” de 37,4 USD/MWh y una compensación de 12,6 USD/MWh.

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