La Contraloría General de la República (CGR) solicitó a Armando Rodríguez, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), toda la documentación sobre la licitación millonaria que fue adjudicada a la empresa SST Security Service Tecnonology.
El documento presentado el pasado jueves pide datos sobre todo lo referente al servicio de seguridad, vinculada al ex diputado José Chamorro, y administrada por su hijo Óscar Chamorro. La licitación que iba a favorecer a la empresa fue de G. 140.000 millones.
Entre los documentos solicitados se requiere una copia de la convocatoria de la licitación, fechas y lista de los medios en los que fue publicada. Asimismo, solicita copias del pliego de bases y condiciones y la lista de empresas descalificadas y los motivos de la descalificación.
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Además, pide el cálculo para la fijación del valor referencial de cada ítem del formulario determinado por el IPS, el informe del Comité de Evaluación de Ofertas y copia del acta de la reunión del Consejo Administrativo del IPS, en la que se adjudicó la licitación a la firma.
En adición a los informes, también solicitó la provisión de los siguientes documentos: listado de todos los llamados a la licitación y concursos convocados por la previsional en 2019, con la lista de los postulantes, fechas de apertura, presupuesto destinado, entre otros escritos.
Paralelamente, el asesor de Transparencia e Integridad de la Presidencia de la República, Carlos Arregui, y la ministra de la Secretaría Anticorrupción, Teresa Rojas, ya habían realizado una serie de relevamiento de datos para investigación del caso.
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Arregui y su equipo recomendaron la instrucción de un sumario en la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) y el comité evaluador debido a que se observaron indicios de que no se hizo el llamado de acuerdo con lo que se debía haber hecho.
Ante la denuncia de supuestas irregularidades, el pasado mes de mayo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decidió suspender el proceso de licitación para el servicio de seguridad en el IPS.
El caso fue de conocimiento público luego de que un periodista del Grupo Zuccolillo filmara una reunión en la que participó el ex senador Dionisio Amarilla. Además de denunciar un supuesto intento de soborno por un monto de G. 40 millones para frenar publicaciones sobre el proceso de licitación.
A raíz del escándalo, el Senado determinó la destitución de Amarilla el pasado jueves.
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Este lunes, el contrato de la tercerización del servicio de seguridad con la empresa SST Security Service Technology SA venció y tras la suspensión de la licitación las oficinas administrativas y los servicios de salud del IPS quedan sin cobertura, por lo que se pondrá en marcha a partir de este martes un plan de contingencia con apoyo de funcionarios administrativos y la Policía Nacional, que se extenderá durante 60 días.
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