El asesor de Transparencia e Integridad de la Presidencia de la República, Carlos Arregui, y la ministra de la Secretaría Anticorrupción, Teresa Rojas, realizaron una serie de relevamiento de datos a partir de la investigación abierta en el caso de supuesto tráfico de influencias en una licitación millonaria en el Instituto de Previsión Social (IPS).
Toda la documentación sobre la polémica licitación y de otras anteriores vinculadas al servicio de seguridad fue derivada a la Fiscalía.
Arregui y su equipo recomendaron la instrucción de un sumario en la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) y el comité evaluador. Observaron indicios de que no se hizo el llamado de acuerdo con lo que se debía haber hecho. Explicó que conforme con las atribuciones y funciones en el artículo 13 de la Ley de Contrataciones Públicas podría existir una responsabilidad por parte de los componentes de la unidad operativa. “Por eso solicitamos el sumario para todos ellos. No encontrábamos y no está detallado quiénes participaron”, explicó Arregui.
El asesor del presidente indicó que plantearon separar las adquisiciones dividiendo el pliego en relación con los servicios solicitados en dos lotes, con el fin de lograr mayor participación y competencia. “Esto va a permitir la reducción de los montos que va a cotizar; también la posibilidad de que se presenten a la licitación mayor cantidad de oferentes”, remarcó.
FALTA TRANSPARENCIA. Arregui también detectó que la resolución por la cual el presidente de IPS, Armando Rodríguez, designó a los funcionarios que forman parte del comité de evaluación de las licitaciones públicas no se encuentra en el portal.
“(Este documento) Tiene que ser accesible a todos. Debería estar detallado el procedimiento de cómo el IPS realiza sus adquisiciones de bienes y servicios, y todas las dependencias que normalmente con sus técnicos concurren para un llamado de adquisición”, sostuvo.
Indicó que en virtud de la Ley de Acceso a la Información Pública, recomendaron que se transparente y que figure toda la información en los sitios webs oficiales. “Pedimos que específicamente estén quiénes son los miembros del comité evaluador”, acotó.
Informó que están trabajando con la Dirección de Contrataciones Públicas en un esquema que establezca que todos los pliegos y las bases de condiciones donde hay dinero en juego sean socializados con miembros de la sociedad civil a fin de que esta pueda realizar observaciones a las recomendaciones. Se realizará a través de audiencias públicas.
Refirió que esperan que se transparente el proceso de adquisición no solamente en IPS, sino en todos los procesos de adquisición en rubros como guardias privados y reducir así los espacios donde puedan aparecer o puedan fomentar casos de corrupción en los futuros llamados.
