La Contraloría General de la República (CGR) detectó un perjuicio patrimonial de G. 5.319.296.923 en la ejecución de obras de reparación, readecuación, ampliación y mantenimiento de establecimientos de salud y dependencias administrativas del Instituto de Previsión Social (IPS), de la licitación 403286, realizada durante la gestión del doctor Vicente Bataglia.
La fiscalización se realizó en dos informes dados a conocer en abril y junio de este año.
La previsional anunció la derivación de esta auditoría para la implementación de medidas y responsabilidades a su área de asesoría jurídica, durante la recepción del segundo informe en la reciente sesión del Consejo de Administración.
La Contraloría emitió este junio su segundo informe en el que detectó un perjuicio de G. 2.764.175.728. En la primera etapa, de abril de 2026, documentó diferencias por G. 2.555.121.195.
Informe final. En la última etapa el trabajo de fiscalización se concentró en tres lotes de la licitación identificada con el ID 403286, por contratos por G. 23.170.700.000.
Las obras auditadas corresponden al Lote 1 (Concepción), adjudicado a MM SA por G. 9.060 millones; el Lote 2 (Amambay), adjudicado a Nelson Segovia por G. 9.670 millones; y el Lote 13 (Encarnación), también a MM SA por G. 4.440,7 millones.
Las inspecciones constataron diferencias entre las obras certificadas por el IPS y los trabajos efectivamente ejecutados, además de incumplimientos técnicos que, según el organismo de control, evidencian graves debilidades en la fiscalización y administración de contratos a cargo de la Dirección de Mantenimiento, a través del Departamento de Mantenimiento Área Interior.
Sobrecostos. La Contraloría concluyó que los funcionarios del IPS elaboraron los precios referenciales sin aplicar la metodología de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La institución solo utilizó presupuestos de futuros oferentes. Como consecuencia, la CGR calculó un perjuicio económico de G. 1.283.297.724, al considerar que las ofertas se sustentaron en precios inflados desde el inicio.
La fiscalización del IPS aprobó certificados de obra con cantidades diferentes a las verificadas por los auditores, permitiendo pagos por trabajos inexistentes, incompletos o ejecutados con materiales distintos a los exigidos.
graves omisiones. En el Hospital Regional de Concepción, la Contraloría determinó una diferencia pagada en exceso de G. 520.594.162.
Según el informe de CGR, los responsables de la fiscalización certificaron cantidades de obras distintas a las realmente ejecutadas y no realizaron las denuncias administrativas pese a las inconsistencias detectadas.
En la sede del Aporte Obrero Patronal (AOP) de Concepción, se aprobaron trabajos con cantidades superiores a las verificadas en la inspección física, generando una diferencia a favor del contratista de G. 148.975.563.
En tanto, en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, la CGR detectó que las certificaciones incluyeron trabajos que no coincidían con lo realmente ejecutado ni con la calidad prevista en las especificaciones técnicas por G. 277.395.512.
La mayor diferencia por certificaciones indebidas se registró en el Hospital Regional de Encarnación, con un pago en exceso de G. 533.912.767.
El informe sostiene el IPS certificó la utilización de materiales de menor calidad, entre los tableros eléctricos y los cables.
Primer informe. La primera etapa emitida en abril de 2026, detectó un daño patrimonial de G. 2.555.121.195 en contratos por G. 20.532 millones, como consecuencia de pagos por trabajos no ejecutados o realizados con deficiencias.
En perjuicios se documentó en la Unidad Sanitaria de San Ignacio, G. 1.818 millones. En la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista G. 341 millones, en la sede A.O.P. de San Juan Bautista G. 269 millones y en el Hospital Regional de Ayolas G. 125 millones. Las obras fueron ejecutadas por Constructora ECO y el Consorcio CE.
La Contraloría identificó graves fallas de control como la ausencia de ingenieros eléctricos matriculados en la ANDE para realizar la supervición de los trabajos, el inicio de las obras sin presupuestos ni plazos y la aprobación de los planos “conforme a obra” que no reflejaban las modificaciones realmente ejecutadas.
2.555 millones de guaraníes fue el daño patrimonial detectado en el primer informe de la Contraloría.
2.764 millones de guaraníes es el nuevo hallazgo de Contraloría en último informe de junio.
