Mientras pacientes y familiares denuncian diariamente la falta de medicamentos, reactivos e insumos básicos en hospitales públicos, el Congreso Nacional avanza en una nueva contratación millonaria para renovar los ascensores de su sede legislativa.
La Licitación Pública Nacional “Adquisición de Ascensores para el Congreso de la Nación”, publicada desde el miércoles en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tiene un monto estimado de G. 3.433.547.140 (unos USD 600.000) y contempla la provisión e instalación de siete ascensores para el edificio del Poder Legislativo.
El pliego de bases y condiciones fue aprobado mediante una resolución firmada por la Presidencia del Congreso, mientras que la Dirección de Recursos Físicos elaboró una “Justificación Técnica de Anticipo del 20%”, documento en el que solicita que la empresa adjudicataria reciba por adelantado alrededor de G. 686 millones para iniciar la ejecución del contrato.
¿Qué dice el informe técnico?
Según el informe técnico, los ascensores requeridos son equipos de alta tecnología con sistema de tracción gearless, control VVVF con regeneración de energía, rescate automático y certificaciones internacionales CE/TÜV, por lo que no existiría disponibilidad inmediata en plaza.
El documento sostiene que la fabricación e importación demandaría entre 100 y 150 días calendario, a lo que deben sumarse los tiempos de transporte internacional, despacho aduanero y logística interna.
Además, el Congreso señala que el contrato incluye desmontaje de los ascensores existentes; adecuaciones estructurales; obras civiles; renovación de instalaciones eléctricas y trabajos electromecánicos complementarios.
De acuerdo con la justificación oficial, todas estas tareas deben ejecutarse en paralelo para cumplir el plazo contractual de 200 días calendario, por lo que sería necesaria la disponibilidad inmediata de fondos.
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Millonario adelanto
La Dirección de Recursos Físicos afirma que entre el 40% y el 60% del costo total se concentra en los primeros 90 días, principalmente por pagos a fabricantes internacionales, materiales de obra y logística de importación.
El Congreso argumenta que, sin capital de trabajo inicial, la empresa adjudicataria tendría que recurrir a financiamiento externo “de alto costo”, lo que terminaría encareciendo la oferta y afectando al erario público.
El anticipo del 20% quedaría respaldado por una garantía bancaria o póliza de caución equivalente al 100% del monto adelantado y sería amortizado progresivamente con los certificados de avance de obra.
Antecedentes
La nueva licitación también revive un antecedente incómodo para el Poder Legislativo. En una contratación anterior relacionada con ascensores del Congreso, la DNCP detectó inconsistencias y posteriormente pidió a la Fiscalía investigar presuntas irregularidades en el proceso y en los pagos realizados a la empresa adjudicataria.
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Incluso se habría desembolsado un anticipo millonario antes de la formalización de una denuncia por supuesta falsificación de documentos, lo que generó fuertes críticas sobre los mecanismos de control y fiscalización de este tipo de contratos.
La nueva compra también se produce mientras el sistema de salud pública enfrenta críticas por el desabastecimiento de medicamentos y la precariedad de infraestructura en varios hospitales.
