02 mar. 2024

Contraloría detecta daño patrimonial de G. 1.000 millones en Mayor Otaño

El examen especial practicado por la Contraloría General de la República (CGR) a la ejecución presupuestaria del 2017 de la Municipalidad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, detectó indicios de daño patrimonial y graves irregularidades por más de G. 1.000 millones.

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Las irregularidades se dieron en el 2017 durante la gestión de Pedro Chávez (campera roja).

Foto: Antonio Rolin.

Las irregularidades detectadas por la Contraloría tienen que ver con el manejo de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y royalties por parte de la administración del intendente colorado Pedro Chávez, durante el año 2017, en la Municipalidad de Mayor Otaño.

El informe ya fue presentado ante la Fiscalía y habla de una posible malversación de G. 1.000 millones. El mismo consta de un total de 15 observaciones, donde se señalan graves indicios de malversación de los recursos del citado Municipio.

Entre lo detectado se detallan pagos en concepto de combustibles y lubricantes con fondos de royalties, sin vinculación con gastos de capital, por G. 500 millones, y otros pagos con recursos de royalties por G. 320 millones.

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Asimismo, más G. 100 millones fueron transferidos a comisiones sin rendición de cuentas. En ese sentido, la legislación vigente señala que estos fondos pueden ser utilizados exclusivamente para obras de infraestructura.

Es otras palabras, los responsables de la Municipalidad de Mayor Otaño pagaron gastos corrientes por un valor de más de G. 1.000 millones con recursos de royalties, sin que se demuestre que estos pagos tengan vinculación con gastos de capital.

La Municipalidad de Mayor Otaño es administrada por el colorado Pedro Chávez, quien viene soportando una manifestación de un grupo de jóvenes contra su administración.

El jefe comunal, por su parte, entabló una querella por difamación y calumnia contra el dirigente del centro de estudiantes, Nelson Maciel.

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Los jóvenes iniciaron hace más de dos meses unas protestas contra la gestión de Pedro Rubio Chávez, denunciando manejos poco claros de fondos, especialmente de Fonacide.

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