La Contraloría General de la República (CGR) del Paraguay emitió un informe crítico sobre la ejecución presupuestaria del Instituto de Previsión Social (IPS) correspondiente al ejercicio fiscal 2024 que revela una serie de irregularidades en el pago de bonificaciones y otras erogaciones al personal.
En un mano a mano ante la Comisión Bicameral, la Contraloría expuso punto por punto sus objeciones. De 29 observaciones, IPS se aplazó en 25 con medidas insuficientes
El titular del IPS, Jorge Brítez, se escudó en su equipo, principalmente en la jefa de Talento Humano, Diana Giménez, y el Dr. Derlis León para responder a los requerimientos; intervino en temas sumamente puntuales, como la situación de presentación de certificados apócrifos.
Consultado tras su salida, sobre si los pagos en bonificaciones que sobrepasaron el tope serían devueltos por los funcionarios, Brítez refirió que la Contraloría no recomendó la devolución; por tanto, el IPS no consideró la devolución de ese pago irregular extra.
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“Vamos a analizar. No está dentro de las recomendaciones de la Contraloría”, expresó. Sobre las otras remuneraciones extras, remarcó: “Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a dar intervención al área jurídica y también a una interpretación del área de economía y si hay que hacer los descuentos correspondientes, los haremos”.
Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, fue determinante.
“Cuatro puntos están siendo evaluados para su remisión al Ministerio Público, porque eventualmente podrían constituir hecho punible”.
Estos cuatro puntos son pagos por G. 3.471.200.000 en concepto de Bonificación por Grado Académico; Bonificación por Responsabilidad por Gestión Administrativa a funcionarios con cargos de nivel superior, por total G. 1.466.906.668, Bonificación por Responsabilidad en la Gestión Presupuestaria a funcionarios con cargos de nivel superior, por un total de G. 823.119.999.
Y finalmente, profesionales de la salud siguieron ejerciendo funciones sin contar con la habilitación profesional vigente a los que el IPS abonó en concepto de salarios un total de G. 34.706.364.996.
Sobre las bonificaciones, IPS, a través de Diana Giménez, expresó que se ajustó a la norma; alegó que los pagos fueron en cumplimiento del contrato colectivo. Sobre pagos por grado académico, explicó que se tiene como derecho adquirido de los trabajadores organizados en los sindicatos.
En el caso de responsabilidad por Gestión Administrativa y Gestión presupuestaria, el IPS defendió que se encuentran a la espera del dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas.
Además, expuso que el IPS no cuenta con matriz salarial, por lo que no aceptaban la observación de Contraloría, al considerar que no estaban en contravención de las normas vigentes.
Sobre los registros médicos, alegó que serían menos de los que apunta la GCR, y que muchos casos se debían a que el personal de blanco tenía registros vigentes, pero no habían actualizado sus datos.
El documento que analiza el ejercicio fiscal 2024 puso como límite de acción varios cambios para el 2025 que no se implementaron.
Sobre puntos referentes a personal, Diana Giménez remarcó imposibilidades desde nuevas sanciones para llegadas tardías por el proceso de homologación del Viceministerio de Capital Humano, lo mismo para el SINARH.
También se remarcaron pagos demás de G. 1.200 millones a odontólogos que no pudieron trabajar por fallas de equipos.
