Opinión

Consultorías

Iván Lisboa Por Iván Lisboa

La semana pasada fue remitida al Congreso Nacional la adenda oficial al proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2022. El documento fue entregado por el Ministerio de Hacienda, como cabeza del Equipo Económico Nacional.

De acuerdo con el documento divulgado, el Ejecutivo enterró los millonarios pedidos de ampliación hechos por las entidades públicas con Fuente 10, es decir, con recursos que provienen del cobro de impuestos. Los reclamos de mayor presupuesto llegaban a los USD 1.051,1 millones, de los cuales, el 90% eran con Fuente 10.

La adenda, no obstante, terminaría incrementando el PGN 2022 en G. 128.000 millones (USD 18 millones), dinero que será financiado con las Fuentes 20 y 30, fondos que provienen de préstamos y del cobro de tasas, respectivamente. Esto, para financiar principalmente proyectos de inversión.

El planteamiento del Ejecutivo contempla además cuestiones bastante polémicas. Una de ellas tiene que ver con las famosas “consultorías”.

El documento propone una ampliación en el rubro 266 en torno a los G. 20.600 millones (USD 3 millones), en beneficio de tres entidades: Petropar, Ministerio del Interior y Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Con esto, el dinero que tendrán estas tres entidades pasará de los G. 6.043 millones a los G. 26.689 millones.

El tema se vuelve más controvertido si se tiene en cuenta que más del 80% de ese pedido de ampliación se financiarán con préstamos, aumentando la ya abultada deuda pública paraguaya.

El gasto en consultorías es uno de los desembolsos más criticados e inservibles. Cada año, son incorporados dentro del Presupuesto Público miles y miles de millones para la contratación de consultores o de estudios de factibilidad, pero esos contratos no se traducen en una mayor eficiencia estatal, en una mejor calidad de los bienes o servicios públicos o en programas que tengan como resultado una mejor calidad de vida.

Muy por el contrario, es un secreto a voces que las consultorías terminan casi siempre beneficiando a los amigos del poder. Desde caudillos políticos y aportantes de campañas, hasta ex autoridades y organizaciones sin fines de lucro ligadas a los partidos tradicionales.

Mientras tanto, las necesidades sociales siguen siendo inmensas.

La infraestructura escolar sigue siendo de las más precarias e inseguras de la región, la pobrísima salud pública sigue empujando a la gente a contratar seguros privados, somos los mayores productores de energía pero la luz sigue cortándose apenas llueve y el 80% de la población ni siquiera tiene un sistema de desagüe cloacal. Esos son apenas unos pocos ejemplos.

La transformación no viene sola. Necesita financiamiento. Pero si se sigue despilfarrando dinero público en conceptos que no reditúan en nada a la gente, la brecha con los demás países solamente terminará ampliándose, generando cada vez más desigualdad y pobreza.

El Ministerio de Hacienda repite insistentemente que están trabajando en leyes para mejorar la calidad del gasto. De hecho, ya están en el Congreso varias de esas leyes esperando turno. Sería oportuno que los técnicos de la cartera puedan analizar si realmente los gastos en consultorías siguen teniendo sustento, ante las crecientes necesidades y la rigidez de un PGN que no deja casi margen de maniobrabilidad al Tesoro.

De momento, el PGN 2022 está siendo analizado por la Comisión Bicameral del Congreso. Los miembros de esta instancia deben emitir un dictamen antes de fin de mes y remitir el proyecto a Diputados para su tratamiento en sesión. Los legisladores también tienen la responsabilidad de actuar con prudencia y sensatez. El momento económico no da para seguir inflando los gastos innecesarios.

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