El proyecto de ley que modifica los artículos 30 y 33 de la Ley 1340/1988, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines, y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes, que busca despenalizar el uso medicinal de la marihuana, fue sancionado por el Congreso.
La Cámara de Diputados había rechazado la propuesta el 18 de diciembre del año pasado y este miércoles volvió a tratar luego de que el Senado se ratificara en su versión.
La plenaria debía reunir 53 votos para ratificarse en su posición inicial. Sin embargo, solo se logró 42 votos contra 24, por lo que quedó sancionado el proyecto ratificado en la Cámara de Senadores.
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Ahora pasa al Poder Ejecutivo, donde el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, deberá decidir si promulgar o vetar la ley.
El proyecto contempla en el artículo 30 que no será punible la tenencia de cannabis o sus derivados para uso exclusivamente medicinal, en los casos en que el tenedor porte un certificado médico visado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que certifique que padece de dolencias tratables con cannabis medicinal.
En cuanto al artículo 33 plantea que no será punible la siembra, el cultivo, la cosecha ni el procesamiento posterior de plantas de marihuana, siempre que la persona o su representante legal lo haga en un inmueble autorizado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
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Dicho enunciado además estipula que en estos casos, la persona o su representante legal deberá contar con el certificado médico visado por el Ministerio de Salud Pública, que certifique que la persona o a quien representa padece de dolencias tratables con cannabis.
El proponente del proyecto fue el senador Víctor Ríos, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). No obstante, es promovida desde el 2017.
El legislador señaló que tomaron en cuenta lo establecido por organismos internacionales como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
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Teniendo en cuenta, asimismo, numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos que consagran el derecho a la salud, se colige que el derecho de acceder al autocultivo del cannabis con fines medicinales es parte integrante del derecho humano a la salud.
En su momento sostuvo que pretender obligar a humildes ciudadanos a comprar aceite de cannabis importado a precios estratosféricos, dista mucho de otorgar oportunidades iguales a las personas que necesitan de esa medicina.
Esta postura fue defendida esta jornada ante el pleno por la diputada Celeste Amarilla, del PLRA.
El documento fue presentado tras varias audiencias públicas realizadas con organizaciones civiles como Mamá Cultiva.
