La Comisión Bicameral que estudia el informe de la Contraloría General de la República (CGR) tiene previsto emitir un dictamen y poner a disposición de senadores y diputados esta semana.
Tanto el titular Dionisio Amarilla como los integrantes, entre ellos, el diputado Raúl Benítez, consideran que el Congreso podría resolver sobre la presentación de una denuncia penal.
La Comisión que nuclea a diputados y senadores llevó adelante una serie de audiencias con ex autoridades de distintos entes del gobierno anterior en las que se constataron las millonarias irregularidades.
Los que figuran en la lista negra son el Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio del Interior, Petropar, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
También, el Ministerio de Educación y Ciencias, Fuerzas Armadas, Aduanas, así como varios municipios.
“El pleno puede decidir eso”, sostuvo Amarilla, con relación a la posibilidad de una presentación penal del Congreso.
“La idea principal es poner a disposición del plenario lo que fue este informe. Siempre hay que buscar que el plenario pueda presentar una denuncia formal. Creo que esa es la primera instancia”, manifestó el diputado Benítez.
“De igual manera, si eso no se da, como comisión iremos decidiendo los pasos”, dijo.
Recordó que en el caso del IPS, junto con Kattya González, habían intentado que se haga una denuncia, y se planteó conformar la comisión.
“En ambas cámaras se tiene que poner a disposición el informe. Lo ideal sería que el Congreso tome este tema con el dictamen que podamos sacar nosotros y se haga la denuncia por mal uso del dinero público”, sostuvo.
“Hubo instituciones que defendieron bien las observaciones (de la Contraloría), así como otras que fueron un desastre”, indicó, citando al Ministerio de Defensa.
“El Ministerio de Defensa dejó muchas cosas en el tintero, muchas dudas. Dejan abierta la cancha que cualquier cosa puede ocurrir”, dijo, y remarcó que el ex ministro Bernardino Soto Estigarribia ni siquiera dio la cara.
“Hubo malos procedimientos, mucha falta de pulcritud. No tenían denuncias internas. Admitían que sí, no es que se defendieron tanto. Ante la pregunta si abrieron un sumario, tampoco tenían claro”, remarcó el diputado.
“Nos obliga a tener que hacer la denuncia”, alegó. A su criterio, el mensaje político tiene que ser claro. “Si se utiliza mal el dinero público, saltan las observaciones de la Contraloría, y es nuestra responsabilidad llevar la denuncia que corresponda”, dijo.
“Nos permitió detectar las falencias en las instituciones públicas”, refirió el senador Velázquez sobre la tarea que realizó la Bicameral.
“A través de una mesa de trabajo, son citados los representantes de distintos entes, y pudimos constatar el informe y evaluar el trabajo de las diferentes instituciones”, remarcó el legislador.
“Pudimos observar que hay muchas cosas por mejorar dentro de nuestro sistema público, en los mecanismos de control interno”, acotó.
Trajo a colación que la Contraloría hace recomendaciones y establece un plan de mejoras, pero que de todos modos sigue siendo una tarea pendiente que permita evitar las actividades irregulares que desencadenan en malversación de fondos, así como daño patrimonial.
