Silvio Piris, representante de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), explicó a ÚH que la intención de docentes y trabajadores, en general, es presentar una serie de ajustes a los distintos puntos del proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
Entre otros aspectos, señaló que se pedirá que el porcentaje de aporte del Estado a las cajas sea mayor al 3% que plantea el proyecto en cuestión.
“Hay algunas cosas que en el proyecto de ley ellos eliminan, como, por ejemplo, el tema de los hijos. Es decir, si la mujer tiene tres hijos, se descuenta un año de aporte por cada hijo, hasta tres. Con el nuevo proyecto eso se elimina. Nosotros reponemos eso”, explicó.
El gremialista señaló que los trabajadores buscan una “salida intermedia” para salvar la Caja Fiscal de manera que el peso no recaiga mayormente sobre los aportantes.
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“No queremos pagar todos los platos rotos. No establecer una edad mínima sería algo espectacular, pero podemos ir viendo por otro lado, que sea de forma escalonada o por los años de servicio”, detalló.
Piris explicó que en el caso de los policías y militares, estos sectores proyectan presentar otro proyecto de ley que apunta a que las cajas de jubilaciones no sean administradas por el Estado.
Los distintos gremios de trabajadores convocan a un mitin simbólico para este martes 20 de enero, frente al Congreso Nacional, desde las 08:30, para acompañar la presentación de dicho documento.
El Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional el proyecto de ley que establece medidas de reforma para la Caja Fiscal, que busca combatir el déficit que arrastra el sistema. El ajuste propuesto por el MEF en el proyecto de ley consiste en modificar algunos parámetros como la edad mínima para acceder a la jubilación. Otro cambio es el aumento de la tasa de aporte del funcionario del 16% al 19% del salario y se establece un aporte patronal del 3%.
Al cierre del año pasado, la Caja Fiscal acumuló una pérdida de USD 380 millones (G. 2,5 billones) y se alertó de que este monto representa prácticamente el 100% del presupuesto que se destina al Ministerio de Salud para la compra de medicamentos e incluso pudo haber cubierto el demandado programa Hambre Cero.